La jueza Ana López-Suevos, al frente del Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago, ha ordenado a los exdirectivos de El Correo Gallego depositar una fianza superior al millón de euros en un plazo de diez días, según adelantó Galicia Confidencial.
La medida responde al riesgo de que los investigados oculten su patrimonio para evitar responsabilidades legales. La investigación, iniciada tras denuncias de extrabajadores, Fiscalía y acreedores particulares, descruve un sofisticado sistema para burlar deudas con organismos públicos y empleados, quienes llegaron a acumular impagos de hasta 24 nóminas.
La Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía ha documentado movimientos de fondos a través de más de 80 cuentas bancarias, diseñadas para dificultar el rastreo, según relató ayer El Diario. En las cuentas pantallan, según el informe policial, manejaban ingresos de publicidad y ayudas públicas, pero también registraban gastos en tiendas, hoteles y viajes, evidenciando un uso irregular de los recursos.
El auto judicial descruve indicios de criminalidad , que apuntan a un delito de frustración de la ejecución, similar al alzamiento de bienes. La antigua cúpula, que incluye al exdirecto y al exgerente y sus respectivas parejas, habría tejido una red de empresas para desviar dinero y eludir embargos.
La investigación preliminar revela que estas maniobras contribuyeron al colapso financiero del diario, que en 2022 fue declarado en quiebra y vendido al grupo Prensa Ibérica por 1,6 millones de euros. Durante los años de colapso, muchos de los trabajadores acabaron abandonando el trabajo, incapaces de aguantar sin cobrar, como les pedían los directivos. Durante ese período, la empresa siguió recibió dinero público, incluido un importante crédito del IGAPE, a pesar de que en teoría las compañías con deudas con la hacienda pública no pueden hacerlo.