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El Partido Popular ha criticado el "proceso ilegal" que está llevando a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez para proceder al reparto de menores extranjeros no acompañados "arbitrario y forzoso" a las comunidades autónomas "para contentar a un prófugo de la justicia".

Así lo ha manifestado este lunes la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales en la Comunidad de Madrid, Ana Dávila-Ponce de León, en declaraciones a los medios, antes de la Conferencia Sectorial extraordinaria de Infancia y Adolescencia para abordar el reparto de menores migrantes no acompañado.

La consejera madrileña ha advertido de que ha sido Carles Puigdemont el que "ha cocinado precisamente los criterios que pretende el Gobierno aprobar" para el reparto de menores migrantes.

Para el Partido Popular, esta Conferencia Sectorial extraordinaria ha sido convocada por el Ejecutivo "de forma ilegal" porque "sabe desde hace mucho tiempo que tiene que pasar este trámite, pero no lo ha querido pasar de forma ordinaria".

La consejera de la Comunidad de Madrid ha afirmado que las comunidades autónomas no han "tenido la ocasión de participar en ninguna fórmula sobre la que el Gobierno de España quisiera trabajar este reparto" y ha lamentado que el real decreto haya sido aprobado "sin consultar, sin tener en cuenta a las comunidades autónomas", que son las que tienen las competencias exclusivas para atender a los menores.

En este punto, ha recordado que las comunidades autónomas del PP han llevado al Constitucional, y las que no lo están tramitando ya, este real decreto "que es ilegal y que lo que hace es utilizar a los menores como monedas de cambio para que Pedro Sánchez pueda permanecer en el poder".

"Menores que llevamos atendiendo desde hace un año y medio las comunidades autónomas en solitario, menores que tenemos que atender de forma digna, y lo que no puede consentirse es que el Gobierno de España los trate como paquetes, como paquetes además asignados a dedo por el partido Junts, en colaboración con el Gobierno de España para dañar precisamente a las comunidades autónomas del Partido Popular", ha reprochado Dávila.

De los 4.000 menores extranjeros no acompañados que propone repartir el Gobierno, la consejera madrileña ha criticado que 2.000 "irán a tres comunidades autónomas del PP: Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana".

"Y todavía estamos esperando que el Gobierno de España atienda a los más de 1.000 menores que después del mandato de la Orden del Tribunal Supremo sigue sin atender", ha agregado.

En la Conferencia Sectorial de este lunes, las comunidades autónomas del PP pedirán al Gobierno que "justifique la urgencia y los acontecimientos que han emergido de forma urgente". "Es lo que dice el reglamento, y que está sin justificar, entre otras cosas, porque hace casi un mes que se convalidó este Real Decreto en el Congreso y no ha convocado de forma ordinaria, que es lo que tenía que hacer", ha aseverado Dávila.

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