El Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Ourense ha condenado al Ayuntamiento de Ourense a abonar más de 130.000 euros, más intereses y costas, a tres bomberos por horas extras realizadas y no remuneradas durante los últimos años.
La sentencia reconoce el derecho de estos trabajadores a cobrar el exceso horario acumulado desde 2017, lo que supone un nuevo revés judicial para el gobierno local, que se ha negado a reconocer estas cantidades.
Según las sentencias notificadas esta semana, el Ayuntamiento deberá pagar 52.559 euros a un bombero por las horas extras desde 2017 hasta 2024, 31.609 euros a otro desde 2019 y 50.948 euros a un tercero por el mismo período, todo ello sin que el Ayuntamiento haya recurrido, tras el informe desfavorable de la Abogacía Consistorial. Las reclamaciones se basan en una acumulación de más de 1.642 horas extras anuales en algunos casos, que el consistorio local había rechazado alegando prescripción, argumento desestimado por la jueza.
Este fallo se produce en un contexto de conflicto laboral entre el cuerpo de bomberos y el Ayuntamiento de Ourense, marcado por deudas que ascienden a 4,2 millones de euros en concepto de horas extras, pluses impagados y otros complementos, según denuncia Comisiones Obreras. La plantilla calcula que cada bombero realiza alrededor de 375 horas extras anuales sin cobrar.
TURNOS
La tensión entre bomberos y Ayuntamiento se ha agravado en las últimas semanas por la intención del gobierno municipal de modificar los turnos laborales, pasando de guardias de 24 horas seguidas a turnos de 12 horas, medida que el cuerpo considera una imposición sin negociación y por su intención de pasar a contar con un sistema de voluntariado.
Además, denuncian que persisten los impagos de complementos reconocidos en sentencias anteriores, como nocturnidades y festivos, lo que ha generado protestas y pintadas en el parque de bomberos.
El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, y el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ignacio González, defienden que el nuevo modelo de turnos es más eficiente y rentable para las arcas municipales, pero la plantilla mantiene su rechazo y exige el cumplimiento íntegro de las sentencias judiciales y el pago de todas las cantidades adeudadas.