Raxoi ve "arriesgado" que la Xunta refuerce el papel de las empresas privadas que tramitan licencias urbanísticas
miércoles, 4 de junio de 2025, 15:17
El edil de Urbanismo ha mostrado "reservas" ante ello, aunque "no tiene intención" de impedir su implantación
El concejal de Urbanismo de Santiago, Iago Lestegás, ha considerado como "arriesgado" que la Xunta encomiende al sector privado funciones que "hasta ahora eran exclusivas del público" tras el anuncio del Gobierno gallego de cambios en los trámites de las licencias urbanísticas.
La publicación de un próximo decreto permitirá que las Entidades de Certificación de Conformidad Municipal (ECCOM) --compañías que ejercen ya un papel análogo al de una gestoría para la preparación del trámite-- "pueda simplificar trámites urbanísticos" que agilicen la construcción de vivienda y, en consencuencia, aumenten la oferta, tal y como adelantó el presidente autonómico, Alfonso Rueda, el pasado lunes.
Preguntado a este respecto en rueda de prensa, Lestegás ha mostrado "dudas" y "reservas" sobre la aplicación de este instrumento: "Encomendarle al sector privado funciones y potestades que hasta ahora eran exclusivas del público, como el control preventivo de actos del uso del suelo y de la edificación, me parece arriesgado".
El edil ha puesto el foco en que, con esta modificación legal, "los informes que ellos realicen sustituyen a los informes técnicos y jurídicos municipales". Por tanto, el concejal (en caso de obras menores) o la junta de gobierno (en caso de obras mayores) tendrán "por imperativo legal" que conceder esas licencias en base a esos informes, "realizados no por funcionarios, sino por profesionales del sector privado".
Para el responsable de Urbanismo en Raxoi, esto representa "un cambio de paradigma" y un "punto de inflexión bastante importante". "Yo no creo que los profesionales del sector privado sean menos competentes ni menos rigurosos de los del sector público, en absoluto. Creo que es indiscutible que las lógicas del sector privado y las del público son diferentes, para bien y para mal", ha contextualizado.
Asimismo, ha trasladado que "está muy bien" buscar fórmulas para abordar el problema de los largos plazos a los que están sometidos los ayuntamientos en este sentido. "Pero no me parece que reducir la intervención pública en los actos de uso del suelo y de la edificación sea una fórmula adecuada para conseguir este fin", ha objetado.
ORDENANZA PARA IMPEDIR SU IMPLANTACIÓN
Sin embargo, hay un supuesto por el que los ayuntamientos podrían deshechar la aplicación de estos instrumentos: creando una ordenanza al respecto. "En principio, el Gobierno no tiene intención de impedir la implantación, pero tenemos reservas", ha informado Lestegás, preguntado directamente por esta cuestión.
En esta línea, no lo ha asumido como una postura cerrada: "Habrá que ver cómo funciona", ha valorado. Además, ha aludido a las "reservas" existentes en otras administraciones y entidades por este "cambio de paradigma".