La senadora del BNG Carme da Silva ha exigido al Ejecutivo estatal que se pronuncie sobre las demoliciones de viviendas saharauis denunciadas por ocho relatores de la ONU y le ha pedido que retome la posición "histórica" de defensa del derecho de autodeterminación.
Así lo ha trasladado en una iniciativa registrada en la Cámara alta, en la que alerta del uso de empresas como Enel, Engie e GE Vernova en proyectos que califica de "coloniales" sin "consentimiento" del pueblo saharaui y pregunta si el Gobierno exigirá el fin de los desalojos forzosos.
En el texto, la senadora del BNG señala que ocho relatores especiales de la ONU denunciaron recientemente la demolición por parte de Marruecos de viviendas saharauis para construir proyectos de infraestructuras, además de poner de manifiesto la "constante campaña de represión, violencia, discriminación racial y vulneración de los derechos humanos de la población saharaui".
Asimismo, sostiene que Marruecos ha contratado a empresas como Enel, Engie y GE Vernova para desarrollar proyectos de energía eólica, turismo e infraestructuras, "de forma forzosa y sin el consentimiento del pueblo saharaui en el territorio ocupado".
La senadora del BNG indica que "no es la primera vez que los órganos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU alertan sobre la apropiación de tierras de los saharauis por parte de Marruecos", que, según denuncia, "ha recrudecido su política colonialista, de ocupación y de desplazamiento forzoso, en una clara estrategia de limpieza étnica".
"En este escenario de agravamiento del colonialismo marroquí, de persecución y vulneración de los derechos del pueblo saharaui, censura que el Gobierno del Estado continúa empeñado en permanecer alineado con las posiciones de Marruecos desde que hace más de dos años cambió de posición sobre el derecho de autodeterminación del Sáhara Occidental" para "asumir las posiciones colonialistas de Marruecos y abandonar su responsabilidad histórica para con el Sáhara Occidental que fue colonia del Estado español hasta 1975".
El BNG, que recuerda que el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui está amparado por distintas resoluciones de la ONU, considera que estos hechos deberían hacer reflexionar al Ejecutivo.