Retrasos, agotamiento y escasez de medios. Esta es la situación que, según denuncia el sindicato CIG, atraviesan los profesionales del transporte sanitario no urgente en el área sanitaria de Santiago-Barbanza. La central sindical asegura que este servicio esencial sufre una creciente degradación debido a la falta de personal, de vehículos y de material, mientras la carga de trabajo no deja de aumentar.
La CIG, que ostenta la representación en el comité de empresa, acusa al Servizo Galego de Saúde (SERGAS) de inacción y de ignorar reiteradas advertencias sobre el deterioro del servicio, que, afirman, pone en riesgo tanto a usuarios como a trabajadores. La concesión está gestionada por una UTE formada por Servizos Sanitarios do Cantábrico SL y Ambulancias Casablanca SL, que ya estuvo en el centro de un conflicto laboral hace un año.
El sindicato denuncia que operan desde hace tiempo con un número insuficiente de ambulancias y equipamiento, lo que genera demoras injustificables en los traslados. Además, alertan de que el personal soporta un exceso de carga física por tener que realizar los servicios en solitario, lo que se traduce en lesiones graves y casos de incapacidad permanente entre trabajadores jóvenes.
Choque entre trabajadores y administración
Desde la CIG insisten en que la situación se agrava por la falta de refuerzos humanos ante el aumento constante de servicios. Afirman que la plantilla está desbordada y que los profesionales deben afrontar solos traslados de pacientes dados de alta, algo que consideran un riesgo para todas las partes implicadas.
El comité asegura que han mantenido varias reuniones con el Sergas sin que hasta ahora se hayan traducido en mejoras. Ante lo que consideran una actitud de desinterés institucional, preparan movilizaciones para exigir un refuerzo inmediato de recursos, la equiparación con el transporte urgente y la mejora de las condiciones laborales.
La Xunta pide calma y que las ambulancias operan con garantías suficientes
Por su parte, la gerencia del área sanitaria de Santiago niega que el servicio esté en peligro y lanza un mensaje de tranquilidad a los usuarios. Aseguran que la calidad y la continuidad están plenamente garantizadas.
Desde la administración sanitaria recuerdan que el actual contrato entró en vigor en octubre pasado tras un proceso de licitación pública, y que trajo consigo mejoras económicas y laborales recogidas en el último convenio gallego del sector.
La gerencia destaca que este nuevo acuerdo supuso un incremento del 33% en el coste anual del servicio, con un aumento de 1,5 millones de euros, lo que ha permitido subir el número de ambulancias operativas y actualizar las condiciones laborales del personal.
Pese a la tensión entre ambas partes, desde el Sergas se insiste en que la prestación sanitaria está garantizada y que las mejoras introducidas contribuirán a resolver los problemas existentes. El conflicto, sin embargo, sigue latente y amenaza con escalar si no se alcanza un entendimiento. Conflictividad que, por otra parte, ha sido una constante en el sector de las ambulancias en Galicia -que está privatizado- en los últimos lustros.