La CIG alerta de "recortes" y "control político" con la nueva instrucción de la Xunta para pedir profesores de apoyo
viernes, 27 de junio de 2025, 13:38
La CIG-Ensino alerta de que la nueva instrucción de la Xunta con el procedimiento para solicitar un refuerzo en los profesores de apoyo supondrá no solo "nuevos recortes" y "burocracia", sino también un mayor "control político" de la asignación de este personal.
Así critica la central nacionalista, en un comunicado, la instrucción que prepara la Consellería de Educación con un procedimiento para que los centros pidan una dotación extraordinaria de especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL).
En concreto, de acuerdo con este texto, los colegios deberán "justificar" ante Inspección que no disponen de profesores de apoyo suficientes y se conformará en cada jefatura territorial una "comisión técnica", formada por cuatro personas, que decidirá.
La CIG-Ensino cuestiona que se pueda llamar "técnica" a esta comisión porque tiene "claramente" un "carácter político". Los tres integrantes que decidirán --el cuarto será un funcionario con voz, pero sin voto-- son cargos de libre designación y, además, uno de ellos es el subdirector xeral de Inspección e Avaliación do Sistema Educativo, Enrique Prado Cueva, que en los últimos días estuvo en el foco mediático por sus polémicos artículos de opinión en Internet.
Asimismo, el sindicato señala que el nuevo procedimiento "incrementa la burocracia" para las direcciones, pese a que la Consellería defiende lo contrario. También apunta que el texto de la instrucción habla de "alumnado con necesidades educativas especiales" y no de "apoyo específico", que englobaría otros perfiles.
En este contexto, la CIG reclama a la Xunta, aparte de más especialistas de PT y AL estructurales, que negocie las dotaciones extraordinarias, "como vacantes que son", a través de las juntas de personal.
También pide la central que se publiquen todas las plazas que prevé autorizar extraordinariamente para el curso escolar, dando así un plazo "para que los centros puedan alegar lo que consideren".