El sindicato CIG-Ensino, mayoritario en la educación pública gallega, denuncia que la Consellería de Educación autoriza cada año la apertura de aulas por encima del catálogo oficial para cubrir necesidades puntuales, pero no consolida estas aulas en el catálogo de puestos de trabajo, lo que impide el aumento de profesorado necesario de manera estable.
Según la CIG, esta práctica se traduce en una precarización estructural: cuando una aula habilitada se mantiene durante varios cursos, no se incorpora oficialmente al catálogo y, por tanto, no se refuerza la plantilla de docentes, especialmente en etapas clave como Educación Infantil y Primaria.
El sindicato ejemplifica la situación con centros donde, al habilitar nuevas aulas, se deberían crear automáticamente nuevos puestos de especialistas —como maestras de Infantil— para cumplir la normativa de apoyo por cada tres aulas. Sin embargo, la Consellería argumenta que al tratarse de aulas habilitadas y no de catálogo, no corresponde aumentar el profesorado, lo que genera una sobrecarga de trabajo y falta de recursos en los centros. Desde la CIG se exige que, tras dos años de funcionamiento, estas aulas se incorporen al catálogo y se oferten en el concurso general de traslados, garantizando así la estabilidad y suficiencia de las plantillas docentes.
Respuesta de la Xunta de Galicia
La Consellería de Educación responde defendiendo que la creación de nuevas aulas con todo el profesorado necesario es una medida para atender necesidades puntuales y que este procedimiento lleva funcionando satisfactoriamente desde hace años. La administración rechaza que se trate de una práctica negativa y subraya que actúa para dar respuesta a la demanda de los centros educativos.
"Chama a atención que se interprete de xeito negativo o feito de que a Consellería cree novas aulas cando fan falta con todo o profesorado necesario precisamente para atender necesidades puntuais nos centros educativos, un procedemento que leva funcionando satisfactoriamente desde hai moitos anos", argumentan fuentes oficiales de la Consellería consultadas ayer por Galiciapress.
El conflicto se enmarca en un contexto de recortes y reducción de profesorado denunciados reiteradamente por la CIG, que alerta de la precariedad en decenas de centros y de la falta de atención a la diversidad, especialmente en zonas rurales y en la atención a alumnado con necesidades específicas. El sindicato sostiene que la política de la Xunta prioriza la contención de gasto y la gestión numérica sobre la calidad educativa y la realidad de los centros, mientras que la Consellería insiste en que su modelo garantiza la cobertura de necesidades sin rigideces administrativas