El municipio de O Carballiño en Ourense está a punto de formalizar un contrato de concesión del ciclo integral del agua que marcará el futuro del municipio durante las próximas dos décadas. Con un valor estimado de más de 60 millones de euros, el proceso de adjudicación está generando preocupación entre vecinos, expertos y plataformas ciudadanas por su escasa rentabilidad para el Concello y por la falta de transparencia en la evaluación técnica.
Un contrato millonario para más de 14.000 vecinos
El contrato incluye la gestión del abastecimiento, saneamiento y depuración del agua para más de 14.000 habitantes. Se trata de una de las concesiones más relevantes de la comarca, con una duración de 20 años y una inversión global que supera los 60 millones de euros.
La Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por COPASA, Geseco y Espina Obras Hidráulicas encabeza el proceso de licitación tras obtener la puntuación técnica máxima (45 sobre 45). Su propuesta económica, sin embargo, es la más baja entre todas las presentadas: un canon anual de 166.017 euros, lo que supone 3,32 millones de euros en 20 años.
Evaluación técnica bajo lupa
La evaluación técnica esta siendo realizada por la consultora externa Tirse Ingenieros, contratada por el Concello para valorar el llamado “Sobre B”. Su informe, de acceso público, ha otorgado la máxima puntuación a la UTE liderada por COPASA, una decisión que ha resultado determinante para su posición como favorita.
Sin embargo, la falta de justificación detallada en las actas y la escasa diferencia de puntuación con otras empresas que ofrecían soluciones más avanzadas —como telelectura inmediata, sistemas GIS, certificaciones ISO o medidas de ciberseguridad— han generado críticas sobre la subjetividad de esta valoración.
Algunos expertos consultados por GaliciaPress consideran que “no se valoraron de forma adecuada las soluciones listas desde el primer día”, a pesar de la experiencia de la consultora.
Posible pérdida de ingresos y riesgo de devolución de fondos europeos
La propuesta de COPASA representa la oferta menos rentable para las arcas municipales, mientras que otras empresas ofrecían un retorno económico de entre el 14% y el 32% de los ingresos estimados. Según cálculos basados en las diferencias entre los cánones ofertados, el Concello podría dejar de ingresar hasta 14 millones de euros en comparación con otras propuestas.
Además, existe el riesgo de tener que devolver más de 1 millón de euros en fondos europeos PERTE, ya que algunas de las actuaciones incluidas en el contrato ya estaban financiadas por ese programa estatal.
Silencio institucional y demandas de transparencia
Hasta el momento, los representantes políticos locales no han emitido declaraciones públicas sobre el proceso, lo que alimenta el malestar de los vecinos. De hecho, algunas voces vecinales podrían reclamar una auditoría independiente que revise la adjudicación y garantice la transparencia.
También solicitarían la publicación íntegra de los informes técnicos y actas de valoración, con el objetivo de proteger el interés público y asegurar que las condiciones del contrato no perjudiquen a los vecinos, ni en la calidad del servicio ni en las tarifas, que creen que subirán una vez se haga pública la empresa adjudicataria favorita, que ya hizo lo mismo en Lalín.
Un futuro condicionado por dos décadas
El resultado de esta concesión condicionará el acceso al agua, la calidad del servicio y el coste para los hogares carballiñeses durante los próximos 20 años. La vigilancia ciudadana será clave para garantizar que se cumplan los compromisos de inversión y que no se produzcan subidas inesperadas en el recibo del agua.