El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció que el Ayuntamiento inició la tramitación de una ordenanza municipal para regular las viviendas de uso turístico.

"La gerencia de Urbanismo ya firmó el decreto para su inicio", afirmó Caballero, al tiempo que detalló que el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) ya establece que el Ayuntamiento podrá regular "mediante una ordenanza" la "implantación e intensidad" del uso de las viviendas y apartamentos de uso turístico.

De esta forma, en sintonía con el PGOM, Caballero explicó que serán reconocidos como establecimientos del sector terciario por lo que "tienen que comportarse como hoteles".

De acuerdo con el PGOM, la ubicación en edificios de este tipo de establecimientos "sólo será posible" cuando tengan una entrada distinta al resto de los residentes.

La ordenanza, continuó, lo que busca es "garantizar la convivencia" entre el uso residencial, "tan importante y notable", con el uso turístico de las viviendas.

A renglón seguido, Caballero apuntó a que el Ayuntamiento "tiene identificadas" algunas cuestiones como el "crecimiento muy fuerte" de VUT en algunos lugares de la ciudad, especialmente en el centro urbano y en barrios como el Casco Vello, Bouzas, Areal o el Berbés.

Como consiguiente, en esas zonas se genera "una presión sobre los precios del alquiler" por lo que "hay que regular muy bien" la convivencia entre los residentes y los turistas.

Por ello, el Ayuntamiento quiere establecer un procedimiento municipal "claro y seguro" para la autorización de viviendas y apartamentos de uso turístico.

En este sentido, determinará las zonas saturadas, las cuotas máximas por edificio, la compatibilidad de accesos entre los usos turísticos a regular y el resto de usos existentes en el edificio.

Caballero asegura que este tema se aborda "con la mejor de las voluntades", pero hay "algo primordial": "no se pueden subir los alquileres a los ciudadanos"

TRAMITACIÓN DE LA ORDENANZA
El inicio de esta ordenanza comenzará con una consulta pública por lo que, durante 20 días estará abierto el plazo para recoger las sugerencias de los vecinos.

A partir de ese punto, se llevará a cabo un estudio de análisis del impacto normativo, el Ayuntamiento hará la propuesta, que debe ser aprobada en el pleno y volver a exposición pública y recogida de alegaciones.

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