El Sindicato de Enfermería SATSE en Ourense ha manifestado su profundo malestar ante el traslado de los servicios del Hospital Materno Infantil, criticando la falta de planificación, información y participación de los profesionales en un proceso de tal envergadura. SATSE denuncia que ni los trabajadores implicados ni sus representantes han sido tenidos en cuenta en la toma de decisiones, limitando su papel a meros “invitados de piedra”, lo que consideran una falta de respeto a la labor sanitaria y a la seguridad de pacientes y profesionales.
El sindicato subraya que se está minimizando el impacto en la seguridad y salud laboral, por lo que ha solicitado la evaluación de riesgos inicial de las nuevas instalaciones antes del inicio de la actividad, así como la subsanación inmediata de todas las deficiencias que puedan comprometer la seguridad en el trabajo. Reclaman, además, una mayor implicación de los profesionales de todas las áreas afectadas en la toma de decisiones, ya que, según SATSE, “no siempre los jefes de servicio detectan las necesidades que a simple vista encuentran los profesionales”.
SATSE recuerda que la situación del Materno Infantil de Ourense ya era “deplorable”, como demuestra el anuncio de su demolición en verano de 2024, cuando inicialmente solo se contemplaba su remodelación. El sindicato reconoce la necesidad de adecuar los servicios y realizar obras, pero rechaza la forma en la que se está planificando el traslado, al considerar que no se está valorando el impacto real sobre la seguridad de pacientes y trabajadores.
Entre los riesgos señalados, SATSE advierte que la ubicación del paritorio en la misma planta que la UCI neonatal representa un peligro añadido para los recién nacidos que requieran atención urgente, ya que los recorridos de traslado son más largos y pueden retrasar la asistencia. Además, denuncian que las nuevas instalaciones del paritorio perderán calidad, no garantizarán los derechos fundamentales de las mujeres durante el parto y supondrán una reducción de espacios y recursos básicos, como áreas de lavado, agua corriente y mobiliario adecuado, dificultando la labor de matronas y otros profesionales.
El sindicato también alerta sobre el mal dimensionamiento de las instalaciones de control de Enfermería, lo que impide garantizar el trabajo simultáneo de todos los profesionales necesarios en cada turno. SATSE insiste en que el traslado afectará no solo al servicio de partos, sino también a los espacios quirúrgicos de la Cirugía Mayor Ambulatoria, lo que podría reducir la actividad programada y aumentar las listas de espera en varias especialidades.
Otra preocupación relevante es el aumento de la carga asistencial en el área de despertar general, sin previsión de refuerzo de personal, y el bloqueo del módulo de penitenciaría, cerrado desde hace más de un mes, lo que obliga a hospitalizar a los internos en plantas convencionales, ocupando camas y espacios no habilitados para ello y asumiendo riesgos innecesarios.
SATSE concluye que la falta de comunicación exhaustiva sobre los movimientos de las unidades afectadas y la escasa participación profesional solo contribuyen a la crispación tanto de trabajadores como de la población, por lo que exige a la Xerencia del Área Sanitaria que tenga en cuenta estas cuestiones por el bien común de profesionales y usuarias.
Por su parte, la Xerencia del Área Sanitaria de Ourense y la Consellería de Sanidade defienden que el traslado es provisional y responde a una necesidad urgente tras el derrumbe parcial del Materno Infantil. Aseguran que las nuevas instalaciones estarán dotadas de zonas cerradas, divisiones rígidas, quirófanos y salas de dilatación con lavamanos, garantizando la calidad asistencial, la seguridad y la intimidad. Insisten en que la atención se mantendrá con todos los estándares de calidad y que la inversión en estas obras asciende a 2,79 millones de euros, enmarcada en el plan director para dotar a Ourense de un nuevo hospital materno-infantil.
Sin embargo, tanto colectivos de madres gestantes como profesionales sanitarios han protagonizado protestas por la “falta de transparencia” y por las deficiencias de la nueva ubicación, denunciando que el espacio provisional carece de la intimidad y los recursos necesarios para garantizar una atención digna al parto. La polémica sigue abierta y la demanda de participación real de los profesionales y garantías de seguridad sigue siendo el principal reclamo de SATSE y del resto de colectivos implicados.