La irrupción de Uber en Vigo ha desencadenado una de las mayores polémicas recientes en la movilidad urbana gallega. El intento de la plataforma estadounidense de operar en la ciudad sin la autorización municipal ha provocado una reacción inmediata del sector del taxi y una contundente respuesta del Ayuntamiento, que ha denegado todas las solicitudes de licencia y advierte de sanciones económicas que pueden llegar hasta los 6.000 euros por vehículo. Además, hoy se ha sabido que la Policía Local de Vigo ha inmovilizado un vehículo y ha abierto varios expedientes sancionadores a la compañía Uber al circular por las calles de la ciudad pese a carecer de la licencia necesaria.
El pasado mes de junio, Uber comenzó a ofrecer servicios en Vigo, repitiendo la estrategia ya utilizada en otras ciudades españolas: iniciar la actividad sin disponer de los permisos necesarios, mientras aguardaba la tramitación de las autorizaciones. En este caso, la compañía solicitó un total de 24 licencias para operar como Vehículos de Transporte con Conductor (VTC). Sin embargo, el Concello ha rechazado todas estas peticiones, comunicando la decisión tanto a la empresa como al sector del taxi y a la Policía Local. Desde ese momento, cualquier conductor que preste servicio con Uber en la ciudad se expone a sanciones graves, que incluyen multas de entre 2.000 y 6.000 euros y la posible inmovilización del vehículo.
Según fuentes municipales consultadas por Europa Press, hasta la fecha al menos un coche de la empresa ha sido inmovilizado, mientras que ya se han abierto varios expedientes debido a que continúan operando aunque fueron desestimadas las solicitudes de 24 licencias urbanas para vehículos de alquiler con conductor.
Competencia desleal y defensa del taxi
La entrada de Uber en Vigo ha encendido los ánimos entre los taxistas, que consideran a la plataforma una amenaza directa a su modelo de servicio público. La Asociación de Autopatronos del Taxi de Vigo y otras organizaciones del sector han denunciado que Uber está prestando servicios urbanos sin la licencia exigida por la normativa local, lo que consideran competencia desleal. El malestar se ha visto agravado por el hecho de que las tarifas ofrecidas por Uber son notablemente más bajas que las del taxi tradicional, especialmente en trayectos como el que conecta el centro de la ciudad con el aeropuerto, donde la diferencia puede superar los 15 euros.
El alcalde Abel Caballero ha reiterado en varias ocasiones el apoyo institucional al taxi, defendiendo la cobertura y calidad del servicio local y descartando la necesidad de plataformas VTC en la ciudad. Esta postura se traduce en una negativa a modificar la ordenanza municipal que regula la actividad de los VTC, impidiendo así la entrada legal de Uber en el tráfico urbano vigués.
Normativa estricta y pulso legal
La legislación gallega establece que los vehículos VTC solo pueden realizar trayectos interurbanos, quedando prohibidos los servicios urbanos salvo autorización expresa del Ayuntamiento. Uber, al no contar con esa autorización, ha operado en un limbo legal que ha sido duramente criticado por los taxistas y las autoridades locales. El Concello ha recordado que, para poder trabajar legalmente en Vigo, las compañías como Uber deben esperar a que se apruebe una ordenanza específica que regule este tipo de servicios.
La empresa, por su parte, sostiene que se limitó a solicitar las licencias y a esperar respuesta, aunque decidió comenzar a operar de manera anticipada. Tras la negativa municipal, Uber puede recurrir la decisión a través de un recurso de reposición o incluso acudir a la vía contencioso-administrativa, aunque por el momento la actividad de la plataforma en Vigo ha quedado paralizada.
En un comunicado, el Ayuntamiento informó de que los titulares recibieron hace días la notificación de que no pueden prestar dicho servicio, enfrentándose a infracciones tipificadas como "muy graves" con multas que ascienden hasta los 6.000 euros.