La prórroga de la AP-9 fue ilegal, insiste Bruselas, abriendo la puerta a que vuelva a ser pública
jueves, 17 de julio de 2025, 13:04
El origen del conflicto reside en la decisión del Ejecutivo español de ampliar la duración de las concesiones de ambas autopistas: la AP-9 por un periodo de 25 años y la AP-66 por 29 años. Según detalla la Comisión, este alargamiento de los contratos fue seguido de la venta de las concesionarias responsables de la explotación sin que se realizase un proceso de licitación competitivo ni la publicación del correspondiente aviso en el Diario Oficial de la UE, como exigen las normas comunitarias.
Desde la óptica de Bruselas, estas prórrogas suponen una modificación sustancial de los contratos originales y, en la práctica, son equivalentes a la adjudicación de nuevos contratos de concesión. Por tanto, exigen un procedimiento de licitación transparente y competitivo, en línea con los principios de igualdad de trato y transparencia que establecen las directivas europeas. De este modo, la Comisión considera que el Estado español ha infringido la legislación de la UE al eludir la concurrencia y publicidad necesarias en este tipo de procesos.
Bruselas insiste en que España debe respetar estrictamente las normas sobre la contratación de concesiones de autopistas, subrayando que la falta de licitación y publicidad distorsiona el mercado y otorga ventajas indebidas a determinados operadores. El Ejecutivo comunitario advierte de que el caso no solo impacta sobre el cumplimiento de las reglas europeas, sino también sobre las garantías de competencia para el conjunto de las empresas interesadas en operar este tipo de infraestructuras.
Además, recalca que las legislaciones nacionales no pueden justificar eludir los procedimientos previstos a nivel europeo, y que cualquier modificación relevante en las condiciones de una concesión debe estar sometida a las mismas exigencias de publicidad y concurrencia que la primera adjudicación.
Desde el Gobierno español todavía no se ha producido una respuesta oficial a este nuevo requerimiento; sin embargo, fuentes del sector recuerdan que las prórrogas de la AP-9 y la AP-66 fueron adoptadas en su momento bajo el argumento de garantizar la viabilidad y el mantenimiento de las infraestructuras, en medio de debates sobre inversiones y acuerdos históricos que se remontan a varios decenios atrás.
Por su parte, expertos en derecho comunitario advierten que la jurisprudencia europea tiende a considerar las extensiones de las concesiones, cuando suponen cambios sustanciales y no han sido explicitadas ni previstas en el contrato inicial, como nuevos contratos a todos los efectos jurídicos. De este modo, indicar una “continuidad” o “necesidad excepcional para el servicio público” no exonera del cumplimiento estricto de la directiva europea de contratos.
En el ámbito económico, empresas concesionarias y titulares de los contratos originales han defendido repetidamente la legalidad de las prórrogas, esgrimiendo estos mismos argumentos de interés público y continuidad, mientras que sectores de la sociedad civil, especialmente en Galicia y Asturias, han señalado los efectos de estas decisiones sobre las tarifas y el acceso a infraestructuras clave.
Pasos siguientes: riesgo de una denuncia a España ante el TJUE
La Comisión Europea ha dado a España un plazo de dos meses para explicar cómo piensa solventar las anomalías y corregir la situación derivada de las prórrogas. En este plazo, el Gobierno español debe tomar las “medidas necesarias” para responder a las preocupaciones notificadas por Bruselas.
En caso de que no se alcance una solución satisfactoria, la Comisión se reserva el derecho de avanzar a la siguiente fase del procedimiento de infracción, que consiste en presentar una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE. Este tribunal podría entonces declarar que España ha incumplido sus obligaciones en materia de contratación y concesión de autopistas, abriendo la puerta a posibles sanciones económicas y a la obligación de revisar o incluso revertir las decisiones adoptadas sobre las concesiones.
La autopista del Atlántico, la AP-9, podría enfrentarse a un vuelco sin precedentes si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declara ilegal la prórroga de su concesión. Esta decisión, que se espera en los próximos meses, podría desencadenar un terremoto legal, económico y político en España y, especialmente, en Galicia.
¿A qué consecuencias se enfrenta España si pierde el pleito?
La concesión a Audasa, la empresa que explota la AP-9, fue prorrogada en 2000 y 2003 sin convocatoria de concurso público. Una práctica que ahora está bajo la lupa de las autoridades europeas y que podría considerarse contraria al derecho comunitario. Si el TJUE confirma esta ilegalidad, las consecuencias podrían ser de gran calado.
La primera implicación sería la nulidad de dichas prórrogas. La AP-9, cuya concesión expira actualmente en 2048, podría pasar antes a manos del Estado. Esto abriría un escenario complejo: el Gobierno tendría que gestionar una reversión adelantada del contrato o negociar un posible rescate, lo que podría implicar desembolsos millonarios en compensaciones a Audasa.
Fuentes jurídicas advierten de que Audasa podría reclamar una indemnización por inversiones no amortizadas y lucro cesante. Es decir, lo que dejaría de ganar si se anula el contrato actual. Un largo litigio podría avecinarse, con el Estado en el centro de una disputa legal con importantes implicaciones presupuestarias.
Una eventual reversión de la concesión podría abrir la puerta a una vieja demanda de la sociedad gallega: la eliminación o reducción significativa de los peajes. Aunque beneficiaría a miles de conductores, también supondría una pérdida de ingresos para las arcas públicas que debería ser compensada con fondos del Estado.
La sentencia del TJUE podría marcar un antes y un después en la gestión de infraestructuras públicas. Si se establece que prorrogar concesiones sin concurso es ilegal, otros contratos similares podrían también ser cuestionados en España y en otros países de la Unión Europea.
El fallo podría reavivar el debate político sobre la gestión de la AP-9 y su posible transferencia a la Xunta de Galicia, que todas las fuerzas gallegas llevan lustros reclamando con diferentes argumento. Partidos y movimientos sociales que han denunciado durante años la "explotación abusiva" de esta vía verán reforzados sus argumentos, y el Ejecutivo central tendrá que dar explicaciones.