El sindicato CSIF ha reclamado a las administraciones y empresas de Galicia que cumplan "sin más demoras" la nueva normativa que obliga a medir la concentración de gas radón en los lugares de trabajo. Según ha recordado, Galicia es la comunidad "más afectada", con 285 de sus 313 municipios clasificados como de "actuación prioritaria" debido a su "alta exposición" a este gas radiactivo natural.
Además, ha recordado que la normativa obliga a todos los titulares de actividades laborales --públicas o privadas-- a realizar mediciones en los centros de trabajo situados en planta baja o bajo rasante en los municipios clasificados como Zona II, es decir, "de alta concentración potencial de radón".
Esta obligación afecta, por tanto, a oficinas, escuelas, centros sanitarios, industrias, comercios, aparcamientos, gimnasios, spas, minas turísticas o laboratorios, entre otros espacios.
En este sentido, CSIF ha alertado de que "muchos centros de trabajo gallegos aún no han iniciado las mediciones" y ha recordado que el incumplimiento puede conllevar responsabilidades legales graves, incluyendo posibles delitos contra la salud laboral o incluso por lesiones u homicidio imprudente, en caso de daños a personas expuestas.
Entre las medidas preventivas que deben adoptarse si se detectan niveles elevados están la mejora de la ventilación, el sellado de grietas, la instalación de sistemas de extracción o barreras físicas para evitar la entrada del gas. Además, el Código Técnico de la Edificación obliga a aplicar soluciones constructivas específicas en las zonas con mayor riesgo.
Con todo, el sindicato ha recordado que el radón, segunda causa de cáncer de pulmón tras el tabaco y la primera entre no fumadores, se filtra desde el subsuelo y puede alcanzar niveles peligrosos en espacios cerrados. Aunque es inofensivo al aire libre, cuando se acumula en interiores supone un grave riesgo para la salud.