El concejal de Urbanismo asegura que este procedimiento aportará ingresos para comprar y rehabilitar edificios en la ciudad histórica

El líder del PP de Santiago, Borja Verea, ha solicitado al Ayuntamiento la "paralización inmediata de la mercantilización del suelo público" de cuatro parcelas, valoradas en seis millones de euros, a constructoras privadas.

Tal y como ha subrayado en rueda de prensa, el partido político se opone a la privatización de 8.000 metros cuadrados de patrimonio público porque es un "ataque obsceno al interés público" y a través de este modelo de privatización para la construcción de 150 viviendas, estas viviendas serán "más caras, de peor calidad y con un notable retraso en su construcción".

"Además de ser un error apostar por este proceso de mercantilización y privatización de nuestro solo público, es un proceso que en sí mismo es usurpador", ha denunciado Verea.

En esta línea, ha explicado que la repercusión del precio del suelo es "completamente desproporcionada"; no ofrece el derecho de superficie, por lo tanto, "nunca retornará al patrimonio público de todos los santiagueses"; y obliga a un plazo para construir las viviendas, lo que "puede ser una bolsa de especulación a un adjudicatario privado que adquiera estas parcelas".

Asimismo, Verea ha expuesto que en estos diez años de Gobierno del tripartito se ha percibido un aumento del 60% en el precio del alquiler. Mientras que en 2014, el precio de alquiler medio en Santiago era de 390 euros, en 2024, el precio se elevó a 623 euros.

Con todo, ha defendido la construcción de viviendas 100% públicas de calidad, y ha subrayado que si no saben o no pueden, que sea otra administración, en este caso la autonómica --a través de la cesión--, la que lleve a cabo la construcción de estas viviendas.

RESPUESTA DEL GOBIERNO LOCAL
Por su parte, el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, ha explicado que una de las condiciones que el Ayuntamiento quería poner para la cesión gratuita de las parcelas era que fuesen viviendas públicas en alquiler.

No obstante, el Instituto Galego da Vivenda e Solo (Igvs) no aceptó dicha condición porque, según Lestegás, "quieren poder vender algunas o todas las viviendas de promoción pública".

En este sentido, ha asegurado que las parcelas están cualificadas por el Programa Urbanístico para Vivienda Protegida y que, por tanto, va a ser vivienda protegida "independientemente de quien la edifique y se van a alquilar o a vender en precios tachados", regulados por el propio Igvs.

Asimismo, ha afirmado que este procedimiento permitirá obtener ingresos que se van a utilizar mayoritariamente para comprar y rehabilitar edificios en la ciudad histórica, para hacer así vivienda pública en alquiler en esta zona.

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