FTSP USO

 

La FTSP-USO, decidida a acudir a los tribunales, acusa al Concello de negligencia por su supuesta permisividad ante los reiterados incumplimientos de la empresa adjudicataria, Segursystem Europa, que ha protagonizado retrasos sistemáticos en los abonos salariales no solo en la UMAD, sino también en el estadio Verónica Boquete y otras instalaciones municipales. Los profesionales afectados, según denuncia la federación, han llegado a prestar servicio durante meses sin saber si recibirían sus nóminas o las pagas extraordinarias correspondientes.

 

El reclamo sindical vuelve a poner en el foco el principio de "propia actividad", figura jurídica que ampara la responsabilidad de la administración pública cuando externaliza servicios esenciales directamente ligados a sus competencias estructurales. La FTSP-USO sostiene que el propio Concello debe responder, como garante final, de los salarios impagados y de la estabilidad de quienes velan por la seguridad en los espacios públicos de la ciudad.

 

Sin interlocución institucional

El deterioro del clima laboral en la seguridad privada no es reciente ni repentino, sino resultado de años de desatención y falta de control por parte del gobierno municipal, afirma el sindicato. La FTSP-USO asegura haber alertado desde hace meses de los problemas existentes a través de comunicaciones, informes y reuniones con todos los grupos políticos del Concello, salvo con el BNG —formación que lidera la Xunta de Goberno—.

 

Esta falta de interlocución y el mantenimiento de la empresa adjudicataria pese a sus incumplimientos han motivado incluso la aprobación de mociones por parte del PP, el PSOE y los concejales y concejalas no adscritos, que apoyaron públicamente la necesidad de dar respuesta inmediata a las demandas del colectivo de vigilancia y a la reorganización del sistema de contratación.

 

El portavoz estatal de la FTSP-USO, Iván Blanco, insiste en que no se trata de un hecho aislado: la suspensión del servicio en la UMAD es solo la punta del iceberg. La organización atribuye esta crisis a un modelo de contratación pública que califica de negligente e irresponsable, en el que la ausencia de mecanismos eficaces de control ha permitido a empresas incumplidoras perpetuar y agravar las condiciones de precariedad en el sector. 

 

La respuesta sindical ha cristalizado en la convocatoria de movilizaciones y protestas, como la concentración celebrada el 31 de julio ante el Pleno municipal. Bajo el lema "Por una contratación de servicios de seguridad socialmente responsable", la federación exige tres medidas inmediatas: el pago de las nóminas adeudadas a todos los afectados, la rescisión urgente del contrato con Segursystem Europa y la licitación de los servicios únicamente a empresas realmente solventes. Además, reclama al Ayuntamiento la apertura de una mesa de negociación que incluya a la representación sindical como parte activa en la búsqueda de soluciones. 

 

Por su parte, el Concello de Santiago no ha emitido respuesta pública directa a las demandas ni a las reiteradas solicitudes de reunión presentadas por el sindicato.  

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