Protesta frente a Tromosa

TROMOSA se encuentra en concurso de acreedores desde marzo de 2025 y mantenía un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) desde 2023, con prórroga hasta el 20 de mayo de 2025. Según explicó Antón Cebey, representante de CIG-Industria, la dirección de la empresa argumentó a principios de mayo la necesidad de la prórroga de este ERTE bajo el supuesto de interés de inversores que podrían adquirir la empresa o su planta productiva. Esta justificación llevó a que la representación de los trabajadores concediera la prórroga tras una asamblea con el fin de intentar salvar la empresa.

 

Sin embargo, en junio, apenas un mes después de esa negociación, la administración concursal y la dirección de TROMOSA solicitaron al Juzgado Mercantil la liquidación total de la compañía, lo que implica la destrucción de los 63 puestos de trabajo. Cebey denuncia que esta actuación representa una forma de mala fe en la negociación, puesto que indujo a los trabajadores a consumir sus prestaciones por desempleo mientras la decisión de extinguir todos los puestos de trabajo ya estaba tomada desde antes.

 

Más adelante, en julio, se inició la negociación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) extintivo. Durante las cuatro reuniones mantenidas, la representación del personal puso sobre la mesa posibles irregularidades en el procedimiento. En particular, se cuestiona que se comunicara un ERE justo después de haber negociado la prórroga del ERTE con vigencia hasta el 20 de agosto, cuando si la empresa carecía de viabilidad no debería haber negociado ni prorrogado un ERTE que perjudicó a las arcas públicas.

 

Por todo ello, la CIG-Industria de Compostela exige a la autoridad laboral una revisión exhaustiva de este proceso para determinar si se cometieron irregularidades legales en la gestión de la crisis de TROMOSA, que culminó con la desaparición de una empresa emblemática del polígono industrial del Tambre y la pérdida de casi una centena de empleos directos.

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