El Fiscal General del Estado no debe dimitir
jueves, 11 de septiembre de 2025, 13:22
Son fundadas las razones (judiciales y políticas) que justifican la defensa de que el Fiscal General del Estado no debe dimitir a pesar de la decisión del magistrado del Tribunal Supremo, (Ángel Luis) Hurtado, de llevarlo a juicio por una supuesta filtración de datos relativos al (presunto pero confeso) delincuente fiscal, (Alberto) Gonzalez Amador, que como se sabe es pareja de la señora Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid y dirigente muy destacada del Partido Popular, que aquella aspira a liderar (este dato es fundamental para mejor entender lo que está pasando).
Entre todas las razones hay dos especialmente relevantes: la primera, que no hay pruebas de que el Fiscal General hubiese cometido el delito del que se le acusa. La segunda, que, como afirma el emérito magistrado Martin Pallin, este caso viene a confirmar “la participación de algunos jueces en la operación de acoso y derribo del Gobierno de turno (PSOE/Sumar) iniciada por la oposición política y mediática e intensificada a partir de las elecciones de 2023, cuando la derecha confiaba en que el resultado electoral les daría el acceso a la Moncloa. No fue así y Pedro Sánchez, el 16 de noviembre de 2023, fue investido presidente con 179 votos a favor y 171 en contra”. Estaríamos ahora delante de un intento de golpe de estado judicial en el que el Fiscal General, (Álvaro) García Ortiz es una pieza más a cazar, pero muy relevante. De tener éxito esta operación se abriría la puerta a que la trama golpista pusiese a continuación el foco en algún ministro o ministra e, incluso, en el propio jefe de Gobierno.
Hay incontables evidencias de este intento y, entre las últimas, podemos destacar el hecho inaudito de que el juez Hurtado le impone al Fiscal General una fianza de 150.000 euros. ¿Por qué es relevante esta decisión? Por dos razones: la primera, porque se basa en un criterio que había sido en su día declarado inconstitucional y, la segunda, porque, como afirma la sentencia del Tribunal Constitucional, contar con una posible multa equivale a “anticipar la pena”. Cabría también preguntarse si, como sería lógico, el Fiscal General resulta inocente, ¿qué pasará con el dinero de esa fianza, por otra parte desmesurada?
En relación con lo señalado anteriormente relativo a inocencia del Fiscal General, simplemente utilizar las evidencias que demuestran como las “diligencias abiertas tergiversan la realidad del acontecido” (Martin Pallín). Diligencias que no responden a la realidad de los hechos, sino que siguen el relato montado desde la jefatura de gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, que no se ajusta la verdad. Porque fue ese gabinete quien filtró a los medios que “la pareja de Ayuso, (Alberto) González Amador, estaba en tratos de conformidad y que el fiscal general del Estado se había opuesto. Eso es rotundamente falso (los fiscales nunca se dirigen a los abogados para ofrecerles una conformidad, son ellos los que se dirigen a los fiscales). Ante esa gravísima imputación, el Fiscal General reacciona con una nota desmintiendo la falsedad de la noticia. Todo lo demás es falso y carece de sustento probatorio, como apunta acertadamente el voto disidente del Magistrado Palomo del Arco” (Martin Pallin). No hay delito por ningún lado.
Diligencias que también confirman lo señalado de que estamos delante de una trama que intenta derribar al Gobierno de turno. Así, en la introducción del auto el juez, “establece que el Fiscal General del Estado actuaba en base a indicaciones de la Presidencia del Gobierno”. ¿En qué se basa el magistrado Hurtado para hacer tal afirmación? De ser así, ¿cómo no encausa a los supuestos inductores del delito?
Evidencias todas que justifican que expertos judiciales como el citado magistrado emérito Martín Pallin consideren que “el auto contra el Fiscal General es un monumento al disparate jurídico”. Evidencias y valoraciones que a no pocos ciudadanos, preocupados por los ataques que recibe la democracia, nos conducen a que defendamos que el Fiscal General del Estado no debe dimitir, pues hacerlo sería darle la razón a aquellos (políticos, periodistas, magistrados) que están empeñados en un intento de golpe de estado judicial.