El Ministerio manda eliminar millares ofertas de pisos turísticos en Sanxenxo, A Coruña, Santiago y más localidades ,
domingo, 14 de septiembre de 2025, 14:20
El Ejecutivo ha explicado que, en el marco del nuevo sistema de control, cada vivienda destinada al alquiler turístico debe estar inscrita en el Registro de Viviendas de Uso Turístico y contar con un código válido y verificable. En los casos ahora detectados, muchas solicitudes fueron rechazadas o bien por contener datos incompletos o incorrectos, o por no adecuarse al tipo de actividad que se pretendía desarrollar. Al no subsanar las deficiencias en el plazo establecido, la inscripción fue revocada automáticamente.
Con esta medida, el Ministerio busca reforzar la lucha contra la oferta ilegal de alojamientos turísticos, una práctica que distorsiona el mercado del alquiler residencial y que genera quejas constantes de vecinos, sectores hoteleros y administraciones locales, especialmente en las zonas con mayor presión turística. La orden ministerial obliga a que las plataformas digitales retiren los anuncios de los pisos que no cuenten con registro válido, ya que algunos podrían estar publicitándose de forma simultánea en varias páginas.
Pontevedra y A Coruña concentran la mayoría de rechazos
Los datos difundidos por el Ministerio reflejan un impacto desigual por provincias. La que acumula mayor número de solicitudes revocadas es Pontevedra, con 1.249, seguida de A Coruña, con 992. A más distancia se sitúan Lugo, con 339, y Ourense, con 60.
En cuanto a las capitales de provincia, el mayor número de pisos turísticos rechazados corresponde a A Coruña, con 140, y Pontevedra, con 111. En Ourense se notificaron 26, y en Lugo tan solo 8.
Por municipios, sobresale el caso de Vigo, con 227 viviendas afectadas, seguido muy de cerca por Sanxenxo (196), A Coruña (140), Santiago de Compostela (128) y la ciudad de Pontevedra (111). Este patrón confirma que la mayor parte de la oferta ilegal se concentra en las áreas con mayor dinamismo turístico de la comunidad gallega.
Control nacional del alquiler turístico
En el conjunto de España, el Registro de Viviendas de Uso Turístico recibió desde el 1 de enero un total de 336.497 solicitudes, de las cuales casi ocho de cada diez (78,75%) corresponden a pisos turísticos. El Ministerio subraya que este elevado volumen de peticiones refleja el crecimiento masivo de este tipo de oferta en los últimos años, lo que ha obligado a las administraciones a reforzar mecanismos de supervisión para evitar la explotación ilegal de viviendas y garantizar condiciones mínimas para usuarios y comunidades de vecinos.
La notificación de los 2.640 pisos turísticos ilegales en Galicia se enmarca dentro de la estrategia estatal de cooperación entre el Gobierno, el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles y las plataformas de alquiler, que actúan como intermediarias en la comercialización de los inmuebles. Los anuncios de viviendas sin registro serán suprimidos de manera obligatoria para evitar que sigan operando en un mercado en el que la competencia desleal afecta tanto a los precios como a la convivencia vecinal.
Debate sobre el modelo turístico en Galicia
La presencia de los pisos turísticos no regulados ha sido uno de los temas que más debate ha generado en Galicia en los últimos años. En ciudades con alta presión turística como Santiago de Compostela o A Coruña, colectivos vecinales llevan tiempo denunciando que este fenómeno ha contribuido a encarecer el precio del alquiler tradicional, al reducir la oferta disponible para residentes.
El sector hotelero, por su parte, considera que la proliferación de viviendas de uso turístico sin licencia supone un perjuicio directo a la competencia, ya que muchos de estos alojamientos no cumplen con las normativas de seguridad, accesibilidad o fiscalidad que sí se exigen a los establecimientos reglados. Desde las asociaciones empresariales del turismo se insiste en que una regulación firme permite igualar condiciones y proteger la imagen de los destinos.
Mientras tanto, algunos propietarios que ven rechazadas sus solicitudes plantean que los requisitos impuestos por la administración resultan excesivos. Defienden que el arrendamiento turístico se ha convertido en una fuente de ingresos complementaria en zonas con poca demanda de alquiler de larga duración, y lamentan la revocación automática de inscripciones, que, según argumentan, no siempre responde a irregularidades graves sino a deficiencias burocráticas no corregidas en plazo.