Los valoradores de la dependencia denuncian que son los mismos que hace 18 años
lunes, 15 de septiembre de 2025, 08:00
El sistema de atención a la dependencia en Galicia acumula años de críticas por sus largos plazos de espera. Según los últimos datos de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, más de 16.000 gallegos están actualmente en lista de espera, ya sea para ser valorados o para recibir la ayuda correspondiente.
A este problema, de sobra conocido, se une ahora las críticas lanzadas por los trabajadores encargados de realizar las valoraciones. Tras una denuncia pública del sindicato CSIF sobre su precariedad y riesgos laborales, Galiciapress contactó con uno de los técnicos, que aceptó, de forma anónima, detallar los problemas.
"Nos hemos visto expuestas a situaciones en las que las personas que están en el domicilio se enfrentan a nosotras"
"Nos hemos visto expuestas a situaciones en las que las personas que están en el domicilio se enfrentan a nosotras, bien por presencia de enfermedades mentales en situación aguda, problemas de drogodependencias, situaciones de violencia o agresividad derivadas de situaciones familiares y de cuidados en los que las personas se encuentran desbordadas y desesperadas", explica la valoradora.
Las visitas a domicilios, muchas veces en zonas rurales de difícil acceso y con la única compañía del vehículo, exponen a los profesionales a todo tipo de situaciones. En algunas ocasiones, "nos vemos dentro de los domicilios con la puerta cerrada y sin saber si estamos en entorno seguro". "No hay un protocolo definido para estas situaciones, más que, cuando vemos algo potencialmente peligroso en el informe social, avisar a compañeras para que nos acompañen", añade.
Esta percepción de inseguridad se ve agravada por la falta de herramientas de protección. A pesar de las reclamaciones sindicales para que se les dote de botones del pánico, geolocalizadores o sprays de defensa, la realidad es que no cuentan con ninguno de estos dispositivos.
“No nos sentimos protegidas a nivel institucional en estas situaciones, incluso hemos tenido algún problema con las mutuas para que reconocieran algunos accidentes sufridos en el transcurso de nuestras funciones”, protesta.
La consecuencia más dramática de la falta de medios del sistema es que muchas personas, en su mayoría de edad avanzada, mueren antes de que se haga efectivo su derecho. Esta es la cara más visible de un problema cuya raíz, según los propios trabajadores, se encuentra en la precariedad de los medios con los que se cuenta para evaluar y gestionar cada caso. Existen incentivos, pero su funcionamiento es, según el testimonio de la técnica, deficiente dado que “es un parche por el cual, no solo no se están adelantando plazos, por lo inconsistente de este sistema, si no que además, impide que se contrate personal, que es la única solución que existe para que el sistema de dependencia deje que arrastrar estos plazos imposibles que no dejan de aumentar desde hace años”.
“Desde el 2007, año en el que se crea el sistema, en Galicia somos prácticamente el mismo personal contratado
La valoradora argumenta que la Xunta no ha contratado personal, al menos no de una manera notable.
“Desde el 2007, año en el que se crea el sistema, en Galicia somos prácticamente el mismo personal contratado. Este año 2025 casi se han duplicado las solicitudes con respecto al 2024. Ha habido algunas contrataciones temporales con fondos europeos pero que no han solucionado el problema, ya que se trata de otro parche”, insiste.
¿Quién paga las consecuencias? Las familias y los dependientes. La trabajadora advierte que la falta de recursos “afecta a la calidad de las valoraciones, puesto que son valoraciones funcionales que deben ser efectuadas por técnicos formados, que exigen su tiempo de valoración, observación y trato adecuado a la persona y a su familia, además de la realización de un informe que justifique la situación de dependencia de la persona”.
Así las cosas, ¿cuáles son las medidas más urgentes que le demandan los valoradores a Política Social? La respuesta es clara, más recursos humanos que “sigue siendo prácticamente el mismo desde que se creó el sistema”.Reclaman también “tener en cuenta las condiciones tan específicas en las que trabajamos el personal valorador, que no se parece a ningún otro puesto de trabajo en la Consellería de Política Social y que llevamos desarrollando sin ningún tipo de atención, a nivel de protección ni a nivel de compensación económica, desde hace 18 años”.
La Xunta pone el foco en Moncloa
Desde la Consellería de Política Social e Igualdad, dirigida por Fabiola García, no se ha respondido a la nota de denuncia enviada por CSIF, pese a que Galiciapress solicitó el punto de vista del Gobierno Gallego.
Desde San Caetano se ha defendido en repetidas ocasiones que los tiempos se están reduciendo gracias al refuerzo del personal. El Gobierno gallego, por su parte, ha atribuido históricamente parte de la responsabilidad de estos atascos a la insuficiente financiación que recibe del Estado para la aplicación de la Ley de Dependencia.
La Xunta argumenta que la aportación estatal no cubre el 50% del coste del sistema como estipula la ley, lo que limita su capacidad para contratar a más personal y dotar de más recursos al servicio. Mientras tanto, las familias de los dependientes continúan atrapadas en una larga y angustiosa espera.
El futuro del sistema de dependencia en Galicia sigue atascado. Mientras la Xunta defiende su gestión y apunta a la falta de fondos estatales, los profesionales que están en primera línea y las familias que aguardan una ayuda que no llega describen un sistema al borde del colapso.