ABANCA elimina los vigilantes de seguridad de su banca móvil, violando la Ley, denuncia USO
miércoles, 24 de septiembre de 2025, 17:57
La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) ha interpuesto una denuncia formal contra ABANCA y su Dirección de Seguridad. La acción legal, presentada ante el Cuerpo Nacional de Policía, responde a la decisión de la entidad financiera de suprimir los vigilantes de seguridad en sus oficinas bancarias móviles, que operan en numerosas localidades de Galicia, a partir del próximo 30 de octubre. El sindicato argumenta que esta medida supone un grave riesgo y un claro incumplimiento de la normativa.
Estas unidades itinerantes son un servicio crucial en la comunidad gallega, especialmente en el rural, donde la exclusión financiera es una preocupación creciente. Recorren miles de kilómetros para atender a una población, en muchos casos de edad avanzada, que no dispone de una sucursal fija en su municipio. La presencia de estos vehículos se ha demostrado vital no solo para operaciones cotidianas, sino también en situaciones de emergencia, como los recientes despliegues para dar servicio en zonas afectadas por incendios o con problemas de conexión a internet. Su función, por tanto, va más allá de lo meramente financiero, convirtiéndose en un pilar para muchos pequeños núcleos de población.
El sindicato subraya en su escrito la doble naturaleza de estas unidades, que las cataloga como instalaciones de alto riesgo. Por un lado, funcionan como vehículos para el transporte y la custodia de dinero en efectivo, valores y documentación sensible. Por otro, operan como puntos de atención directa al público, lo que las convierte en un blanco especialmente atractivo para la comisión de robos o atracos, comprometiendo la integridad tanto de los trabajadores como de los clientes.
Según la FTSP-USO, la eliminación de la protección personal en estos vehículos vulnera directamente la Ley 5/2014 de Seguridad Privada. De forma más específica, la denuncia se apoya en el artículo 124 del Reglamento de Seguridad Privada, que regula las características de los servicios de banca móvil. Dicha normativa establece textualmente que estas unidades “deberán estar protegidas permanentemente por, al menos, un vigilante de seguridad habilitado, durante los trayectos y en el tiempo de prestación del servicio”.
La organización sindical considera que la decisión de ABANCA es “irresponsable e ilegal” y que antepone la reducción de costes a la seguridad de las personas. Así lo ha manifestado Iván Blanco Martínez, secretario de Organización Estatal de FTSP-USO, quien ha instado a la entidad a revertir la medida de forma inmediata para cumplir con la ley y garantizar la protección necesaria en la prestación de este servicio esencial.
Además de la legislación específica de seguridad privada, la denuncia argumenta que la medida incumple la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Al retirar al personal de seguridad, se expone a una situación de vulnerabilidad no solo a los empleados de ABANCA que trabajan en el interior de estas oficinas rodantes, sino también a los propios usuarios que acuden a realizar sus gestiones, a menudo con dinero en efectivo.
La falta de seguridad, añade el sindicato, podría tener consecuencias que trascienden a la propia entidad, afectando a la seguridad ciudadana. Un incidente en una de estas unidades desprotegidas podría requerir la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, generando una alteración del orden público en localidades que, por lo general, son tranquilas y cuentan con una presencia policial limitada.
Por todo lo expuesto, la FTSP-USO ha solicitado formalmente a las autoridades que abran un expediente sancionador contra ABANCA. Asimismo, ha pedido que se adopten las medidas cautelares que sean necesarias para impedir que estas oficinas móviles puedan seguir operando sin la preceptiva vigilancia de seguridad. De momento, no ha trascendido ninguna declaración por parte de ABANCA respecto a esta denuncia.
El sindicato también ha movido ficha para que la denuncia sea trasladada a la Delegación del Gobierno en Galicia. El objetivo es que este organismo, como máximo responsable de velar por el cumplimiento de la normativa de seguridad en la comunidad, tome cartas en el asunto y asegure la protección de los profesionales y clientes afectados por esta controvertida decisión empresarial.