Archivo - Menores migrantes llegados a Lanzarote.

La conselleira gallega Fabiola García explicó que este segundo traslado se llevará a cabo de manera inminente, después de que la Xunta conociese la decisión por cauces extraoficiales. Fabiola García aseguró que el proceso está siendo gestionado por el Ejecutivo central “pola porta de atrás”, sin coordinación previa con el Gobierno autonómico. La responsable de Política Social acusó al equipo de Pedro Sánchez de enviar más niños de los que habían sido inicialmente anunciados y de hacerlo sin notificarlo a la administración gallega, lo que, en su opinión, supone una imposición que tensiona los mecanismos de colaboración institucional.

 

Un plan estatal marcado por la urgencia

La llegada de estos menores se enmarca en el plan puesto en marcha por el Gobierno central el pasado mes de agosto en cumplimiento de la orden del Tribunal Supremo, que instó a adoptar medidas urgentes para la protección de los niños migrantes llegados a Canarias. La saturación de los recursos insulares, que había dejado fuera del sistema de acogida a más de un millar de solicitantes de asilo, obligó al Ejecutivo a iniciar su distribución por diferentes comunidades autónomas.

 

En un primer momento, la Xunta de Galicia había anunciado que no preveía acoger a ninguno de estos menores, argumentando limitaciones en los servicios de protección y en los recursos disponibles. Sin embargo, el plan estatal ha derivado en que Galicia deberá finalmente albergar a un total de 317 menores migrantes, cifra que la conselleira García atribuye directamente a un acuerdo político alcanzado entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont en el marco de las últimas negociaciones en el Congreso de los Diputados.

 

El reparto en Galicia

Los primeros quince niños ya se encuentran instalados en A Coruña, en un centro gestionado junto a entidades sociales, donde reciben atención en ámbitos de salud, escolarización y apoyo psicológico. Su procedencia mayoritaria es de Mali, un país marcado por conflictos armados que han forzado a miles de menores a huir en busca de asilo en Europa.

 

En cuanto al grupo que llegará a Santiago, todavía no se han precisado ni las edades de los jóvenes ni la ubicación del centro de acogida. Las entidades que trabajan en la ciudad, no obstante, señalan que será necesario un esfuerzo adicional en recursos educativos y sanitarios para garantizar su integración.

 

Paralelamente, el Ministerio de Infancia y Juventud remitió este jueves a la Xunta la documentación relativa a otros cuatro menores migrantes no acompañados, cuya tutela pasará a depender directamente de la administración autonómica. Estos se suman a los veinte expedientes que la Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica tramita actualmente. Todos ellos serán derivados al nuevo centro de menores específico que se pondrá en marcha en Monforte de Lemos, pensado para atender casos de alta vulnerabilidad.

 

Críticas y posiciones enfrentadas

La Xunta plantea que esta reubicación en Galicia responde a una estrategia unilateral del Gobierno central, ejecutada sin mecanismos de concertación efectiva. Desde la consellería de Política Social se enfatiza que no se trata de una oposición a la acogida de menores en situación de vulnerabilidad, sino a la falta de planificación y diálogo. El Ejecutivo gallego denuncia que los traslados se comunican de manera precipitada, dificultando la creación de plazas y equipos especializados para atender con garantías a los jóvenes.

 

Por parte del Gobierno central, la operación se enmarca en la obligación legal de garantizar la protección de todos los menores migrantes que llegan a España, siguiendo lo dictado por el Tribunal Supremo. Fuentes ministeriales defienden que todas las comunidades autónomas deben corresponsabilizarse en la atención de los solicitantes de asilo, especialmente en un contexto de saturación como el vivido en Canarias. Con ello, sostienen, no sólo se da una respuesta a una emergencia humanitaria, sino que se cumple con la normativa internacional en materia de infancia y derechos humanos.

 

Mientras tanto, organizaciones sociales y asociaciones de defensa de los derechos de los migrantes consideran que el debate político entre administraciones no debería condicionar la atención a los menores, que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. Estas entidades recuerdan que muchos de los jóvenes acaban de huir de contextos de guerra, hambruna o persecución, y que lo esencial debe ser garantizar una acogida adecuada y estable.

 

Un desafío de integración

El reto para Galicia a corto plazo será instrumentar una red de acogida suficiente y eficaz que permita no sólo cubrir las necesidades más inmediatas de estos menores, sino también avanzar en su integración social y educativa. La llegada de 317 niños en los próximos meses, sumados a los que ya reside en la comunidad en distintos centros de protección, exigirá incrementar el número de educadores, psicólogos, trabajadores sociales y mediadores culturales.

 

Antes de la polémica llegada de estos menores, la Xunta dijo que su red ya estaba desbordada.

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