El último cierre ha afectado a la Vivienda Comunitaria San Gabriel, situada en Xinzo de Limia, donde la Consellería de Política Social detectó graves deficiencias en los cuidados, irregularidades alimentarias y un exceso de residentes respecto a la capacidad autorizada.
Según informó el departamento autonómico, el centro solo estaba autorizado para diez plazas, pero acogía quince personas, algunas de ellas con grados de dependencia superiores a los permitidos para este tipo de instalaciones. Los inspectores constataron que la atención sanitaria y la alimentación eran inadecuadas, por lo que la Xunta decidió ordenar el cierre inmediato y trasladar a los usuarios a plazas públicas cercanas, con el apoyo de la Cruz Roja, para garantizar su seguridad y bienestar. Catorce están en otras residencias públicas del entorno y una persona ha vuelto con su familia.
Este es el segundo cierre en Ourense en pocas semanas. A comienzos de octubre, la Xunta clausuró la residencia Jardín de Amoeiro, también de gestión privada, tras una inspección que reveló faltas graves en el cuidado de los mayores, irregularidades laborales y deficiencias higiénico-alimentarias.
La Fiscalía Superior de Galicia ha abierto diligencias para determinar posibles responsabilidades penales o administrativas. En este caso, el cierre se produjo después de que la Policía Nacional interviniese por una denuncia presentada en Extranjería, que destapó la presencia de personal sin formación y sin documentación legal atendiendo a los ancianos. Solo encontraron a un ciudadano colombiano sin papeles cuidando de una docena de ancianos.
El caso de Amoeiro fue especialmente polémico porque los inspectores de la Xunta habían visitado el centro semanas antes, sin detectar irregularidades para cerrar el centro. Ahora, la oposición reclama explicaciones sobre la gestión de las inspecciones y la falta de reacción ante las denuncias internas que ya advertían de los problemas del centro, donde algunos residentes estaban pasando hambre.
.Diversas fuentes del sector han denunciado también que estas situaciones reflejan un deterioro generalizado en las residencias privadas, donde la falta de personal cualificado y los salarios bajos son un problema estructural.
Trabajadores y sindicatos llevan meses reclamando un nuevo convenio autonómico y más control público sobre las condiciones laborales en los centros geriátricos, mientras apuntan a la Xunta por una política de inspección débil.