La magistrada Olalla Díaz Sánchez, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Lugo, ha decidido no admitir a trámite la solicitud de Family Cash de adoptar una medida cautelar previa que permitiese abrir el supermercado del centro comercial Abella, clausurado por Sanidade el pasado martes. La jueza sostiene que este tipo de petición solo puede plantearse en los casos de “inactividad administrativa” o cuando la Administración actúa fuera de su competencia, lo que no ocurre en este supuesto.
En consecuencia, la resolución declara inadmisible la solicitud y descarta valorar si existían razones de urgencia o perjuicios económicos para la empresa. La magistrada concluye que la medida de cierre “se justifica” en la plaga activa de roedores y restos de excrementos detectados por los inspectores sanitarios, situación que podía implicar un riesgo grave e inmediato para la salud pública.
Sanidade argumentó riesgo sanitario grave
El cierre se decretó el 14 de octubre tras una inspección en la que los técnicos de la Consellería de Sanidade detectaron restos de excrementos de roedores en distintas zonas del supermercado, además de haber visto un animal vivo en la sección de lácteos y presencia de heces de pájaros en el almacén. También se observaron agujeros en paredes y estructuras del local.
El auto judicial respalda la actuación de la Xunta al amparo de los artículos 37 y 38 de la Ley de Salud de Galicia, que permite clausurar instalaciones ante riesgos sanitarios graves. Según la jueza, la medida de suspensión es “proporcionada” y responde al deber de protección de la salud pública.
Family Cash asegura haber subsanado todas las deficiencias
Pese a la decisión judicial, el supermercado ya ha reabierto sus puertas este viernes después de que inspectores de Sanidade confirmasen que se habían subsanado las deficiencias detectadas. Así lo explicó Víctor Romero, portavoz de la empresa, quien aseguró a El Progreso que “le han dado la vuelta como un calcetín” al establecimiento durante los días de cierre, realizando intensas tareas de limpieza y desinfección.
Family Cash cifra en más de 30.000 euros las pérdidas sufridas durante los cuatro días de cierre, entre productos perecederos y costes adicionales. Romero lamentó la decisión inicial de la Xunta y expresó su sorpresa por una medida “sin precedentes” en los doce años de trayectoria del grupo, que cuenta con 46 tiendas en toda España y una facturación de 673 millones de euros en 2024.
El portavoz de la cadena cuestionó la denuncia presentada por el sindicato CC.OO., que hablaba de “una grave plaga de ratones”. Según Romero, el acta de los inspectores solo constató “algún excremento de roedor en el muelle de carga y en el almacén” y el avistamiento de “un pequeño ratón”. La empresa considera que esa denuncia provocó un daño reputacional y ha anunciado que sus servicios jurídicos estudian posibles acciones legales.
Durante los días de cierre, la compañía recibió el apoyo de varios clientes y vecinos del barrio, que se acercaron a mostrar su respaldo y señalaron que la zona del centro comercial arrastra desde hace tiempo problemas de insalubridad por la presencia de palomas y ratas en espacios comunes.
A pesar de la reapertura, la resolución judicial mantiene que la actuación de la Xunta fue adecuada y legal. El juzgado subraya que el procedimiento de medidas cautelares previas invocado por Family Cash “no encaja” en la normativa procesal, y que no es posible revisar la decisión sanitaria por esa vía. La jueza recuerda que la protección de la salud pública debe prevalecer sobre los intereses particulares cuando existe un riesgo constatado. El auto indica además que la empresa puede presentar recurso de apelación en el plazo de quince días y sin imposición de costas.