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Agiliza actuar en fincas cuyos dueños no acondicionen y elimina el permiso de Patrimonio previo para limpiezas manuales o con desbrozadora

CELANOVA (OURENSE), 20 (EUROPA PRESS)
La ley de medidas fiscales y administrativas es la vía por la que la Xunta regulará las novedades en varias normas (como las de prevención de incendios o montes) con el fin de intentar garantizar la limpieza en las franjas secundarias próximas a viviendas y facilitar la ejecución subsidiaria de estas tareas en fincas en las que sus propietarios no lo hagan --el horizonte temporal al que se alude es el mes de mayo--.

Con el trasfondo de la gran ola de incendios de este verano, Rueda ha aprovechado la comparecencia de prensa en Celanova, donde este lunes se ha reunido el Gobierno gallego, para analizar que en la norma que acompaña a las cuentas de 2026 se incluye una modificación con el fin de promover que los ayuntamientos se adhieran al convenio para la limpieza de las franjas secundarias, bajo riesgo de ser penalizados en los recursos que reciben de la Administración autonómica.

Este paso llega después de que en una comparecencia en la Cámara autonómica, el presidente manifestase que la Xunta estaba dispuesta a asumir la limpieza de franjas secundarias incluso en el caso de los ayuntamientos más pequeños (priorizando zonas de especial riesgo) e incidiese en que, en aras de la cooperación, deberían adherirse al convenio que facilita esta labor básica para la prevención de fuegos.

En concreto, los municipios que no se adhieran a este convenio para la limpieza de las franjas secundarias o que se declare que incumplen sus obligaciones relativas a velar porque estas zonas estén acondicionadas (aunque sí estén adheridos al protocolo) se les retendrá un 30% del Fondo de Cooperación Local. La dotación de este fondo para 2026 supera los 187 millones de euros.

La disposición de la ley de medidas recoge que las cantidades retenidas serán objeto de entrega cuando se formalice la adhesión o se enmiende el incumplimiento del compromiso.

EJECUCIÓN SUBSIDIARIA "SIN MÁS TRÁMITE"
Al tiempo, se "agiliza" el procedimiento de ejecución subsidiaria, en los casos en los que la administración constate el incumplimiento por parte de los responsables de haber limpiado sus fincas "una vez que finalice el mes de mayo de cada año".

En estos casos, se podrá proceder "sin más trámite" a la ejecución de la realización de los trabajos materiales y a la repercusión de los costes --Rueda ya había anticipado que la factura se pasaría a los propietarios--, actuando con preferencia en las zonas de mayor riesgo de incendios forestales.

Con carácter previo al inicio de los trabajos materiales se publicarán los anuncios pertinentes y se otorgará un plazo mínimo de 15 días para cumplir con la obligación legal.

COMUNIDADES DE MONTES Y QUEMAS EN RED NATURA
Además, entre otras novedades, las comunidades de montes deberán destinar la prevención y protección contra incendios el 10% de sus ingresos.

Pero también hay cambios justificados con la prevención de los incendios que afectan a otras normativas autonómicas, como el decreto por el que se aprueba el plan director de Red Natura 2000 de Galicia.

Así, en los meses de marzo a junio y con autorización previa, se flexibilizan y se amplían las superficies para desbroces y quemas controladas en Red Natura. En concreto, dentro de los espacios con esta catalogación se podrá desbrozar un 30% de la superficie y, de este 30%, podrá ser objeto de quema controlada un 10% --el cambio normativo implica una ampliación en los porcentajes del 20% al 30% y del 5% al 10%, respectivamente--.

PATRIMONIO: DE ELIMINAR LA OBLIGACIÓN A QUE AUTORICEN AYUNTAMIENTOS
Asimismo, la Xunta apuesta por eliminar la obligación de contar con un permiso de Patrimonio Cultural para los trabajos de gestión del monte que se hagan manualmente o con desbrozadora. En tareas más complejas, el informe sectorial se sustituye por una declaración responsable.

De hecho, la modificación normativa de la Xunta no se limita a los trabajos en el monte, sino que para las actuaciones en bienes con protección estructural y ambiental ya no será imprescindible el permiso previo de la Xunta, sino que las podrán autorizar los ayuntamientos cuando concedan la licencia.

Esta premisa también se aplicará para ayuntamientos de más de 50.000 habitantes (las grandes ciudades) por los que discurre el Camino de Santiago, y en las que no afecten al trazado de la Ruta, a los bienes estructurales o a las parcelas colindantes.

El Gobierno gallego se reserva las autorizaciones para actuaciones en bienes de interés cultural (BIC) o con protección integral.

EXENCIÓN DE TASAS ANTE INCENDIOS Y OTRAS EMERGENCIAS
La ley de medidas también recoge la exención de los pagos de las tasas para aquellos procedimientos consecuencia de los incendios de verano y del otoño de 2025, con el fin de aliviar los costes asociados.

Y con base en esta misma causa se contempla igualmente una exención en el canon del agua y, en su caso, en el de gestión de depuradoras para aquellos contribuyentes que se vieran afectados por los fuegos.

Al tiempo se modifica la ley de tasas para incluir una exención del pago de las mismas cuando la actividad gravada sea consecuencia de algún acontecimiento extraordinario asociado a situaciones de emergencias o catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana.

RED DE VIDEOVIGILANCIA REFORZADA
Entre otras medidas más ligadas con la provincia de Ourense, la más azotada por los fuegos este verano, el Gobierno gallego ha anunciado también este lunes el refuerzo de la red de videovigilancia frente a los incendios con un total de 237 cámaras en 109 distribuidos por todo el territorio forestal gallego.

Medio Rural, la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia y Redes de Telecomunicación Galegas firmarán un convenio al respecto con una inversión de más de 2,2 millones de euros hasta 2027.

La principal novedad es que se instalarán 56 nuevas cámaras en 19 bases aéreas y centros vinculados a incendios dependientes de la Consellería.

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