SIMEGA se planta ante las guardias de 24 horas: el plan enfrenta a médicos y Sergas
lunes, 27 de octubre de 2025, 11:00
La aplicación de guardias de 24 horas ha sido rechazada de forma rotunda por SIMEGA, que considera que la propuesta no atiende las necesidades reales del primer escalón de la asistencia sanitaria ni protege la calidad del servicio. El sindicato exige una reestructuración profunda en la Atención Primaria, basada en el estudio de las carencias actuales y en una cartera definida de servicios y actividades para todo el personal médico, con el objetivo de establecer soluciones a largo plazo.
Por su parte, el Sergas sostiene que la medida responde a la necesidad urgente de garantizar la cobertura asistencial tras el incremento de jubilaciones y la falta de médicos de familia en Galicia, asegurando que el modelo es transitorio y busca mantener la atención a la población sin suspender la actividad prioritaria en los hospitales.
Guardias voluntarias e incentivadas frente a la obligatoriedad
SIMEGA remarca que la imposición de guardias en días consecutivos y no voluntarios es una solución que dificulta la captación de nuevos facultativos, lo que puede provocar la huida de profesionales gallegos hacia la medicina privada o hacia otros niveles asistenciales, comunidades autónomas o incluso al extranjero. Ante esta situación, el sindicato médico defiende la realización exclusiva de guardias voluntarias, incentivadas, debidamente remuneradas y limitadas a dos mensuales para evitar que el desgaste profesional ponga en jaque el sistema.
A esto se suma la petición de SIMEGA para que no sea obligatoria la cobertura de sábados por la mañana, aunque advierte que el planteamiento gubernamental seguiría imponiendo turnos a todos los nuevos profesionales y a quienes se trasladen al nivel de facultativo especialista de área primaria.
Una crisis estructural que se agrava en Galicia
El Sindicato sostiene que las medidas del Sergas ponen “parches” temporales en un problema de fondo cuya solución pasa por reformas estructurales, y la decisión de imponer guardias largas sin ampliar la plantilla resultaría, a sus ojos, insostenible.
En paralelo, la Plataforma SOS Sanidade Pública, que integra sindicatos, partidos y colectivos sociales, ha intensificado las protestas en los centros de salud y hospitales de toda Galicia por la gestión sanitaria de la Xunta y las crecientes listas de espera. Los manifestantes alertan de la deriva progresiva hacia la privatización, con datos que reflejan un aumento de las demoras tanto en atención primaria como en especializada desde 2019, llegando, según el colectivo, hasta un 20% más en consultas externas.
Galicia, epicentro del debate sobre la sanidad pública
El deterioro de la Atención Primaria se percibe como un problema con repercusión directa en la calidad de vida de los gallegos, con episodios de concentración y manifestaciones que ponen en evidencia la tensión entre la Administración y los profesionales sanitarios. Las denuncias ante la escasez de recursos y el incremento en la contratación de pólizas privadas han alimentado la indignación de amplios sectores de la sociedad gallega.
Frente al rechazo sindical, la Xunta de Galicia insiste en que el Plan de Contingencia se dirige a minimizar el impacto del déficit de facultativos, apelando a la profesionalidad de los médicos y a la “colaboración” en momentos de alta presión asistencial. No obstante, algunas fuentes consultadas remarcan la falta de reacción pública por parte de la Consellería de Sanidade ante el pronunciamiento de SIMEGA, evidenciando la distancia entre los planteamientos del gobierno gallego y la representación sindical médica.
En la esfera estatal, ni el Ministerio de Sanidad ni el Sergas han propuesto expandir la obligatoriedad de guardias a personal sanitario hasta los 60 años, desmintiendo informaciones aparecidas en borradores legislativos recientes.
La presión social sobre el Sergas y la Xunta se ha recrudecido en los últimos meses, con manifestaciones en hospitales y centros de salud de toda la comunidad. SOS Sanidade Pública denuncia que la ampliación de turnos y las largas listas de espera son el síntoma de la falta de planificación y de la progresiva deriva privatizadora. El colectivo recalca que los datos oficiales no reflejan la magnitud real del problema, estimando que la demora es un 30% superior a la publicada en los balances del Sergas.