Mafias cobran 200€ a migrantes que quieren homologar sus títulos en España
lunes, 27 de octubre de 2025, 11:40
La esperanza de cientos de profesionales internacionales en Galicia de convalidar sus títulos y ejercer su vocación se topa con un muro infranqueable: la imposibilidad de obtener una cita telefónica en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Esta traba burocrática inicial ha generado un lucrativo y ilegal mercado negro donde un trámite oficial y gratuito se vende abiertamente en internet por cantidades que ya rozan los 200 euros, según denuncia el colectivo Homologación Justa Ya. Mientras, la administración central, consciente del problema según denuncian las asociaciones, permanece en un silencio que muchos de los afectados interpretan como complicidad con la desesperación.
El movimiento Homologación Justa Ya ha vuelto a alzar la voz para señalar la inacción del departamento que dirige Diana Morant. Aseguran que, a pesar de haber comunicado oficialmente esta situación, la respuesta ha sido nula. No se observan investigaciones abiertas, no hay medidas correctoras sobre la mesa y, lo más grave, no existe un calendario para solucionar un colapso que mantiene en vilo los proyectos vitales de miles de personas. La incertidumbre sobre el tiempo que deberán seguir esperando se convierte en una losa más.
La consecuencia directa de la inoperancia del sistema oficial es el surgimiento de este lucrativo negocio en la sombra. Páginas web y grupos de mensajería privada en aplicaciones como Telegram se han erigido en los únicos canales "eficaces" para conseguir una preciada cita. Para muchos, esta es la única vía para iniciar el proceso de homologación o, simplemente, para conocer el estado de una solicitud que lleva meses, o incluso años, paralizada en algún cajón ministerial.
Este escenario obliga a los solicitantes a una disyuntiva desgarradora: resignarse a una espera indefinida o realizar un desembolso económico significativo por algo que, por ley, es un derecho. Se trata de un impuesto encubierto a la ilusión y la formación, una barrera económica que ahonda en la precariedad de quienes solo anhelan regularizar su situación y contribuir con sus conocimientos a la sociedad que los acoge.
Estamos disparándonos en nuestro pie, dada la necesidad imperiosa que hay en España y Galicia de titulados en campos como la medicina, la enfermería o el trabajo social.
El rostro gallego de la burocracia
En Galicia, una comunidad con un preocupante declive demográfico y una necesidad acuciante de atraer y retener talento, este cuello de botella administrativo adquiere una dimensión especialmente dramática. Según datos del Colegio de Médicos de Pontevedra, solo en la provincia hay decenas de médicos formados en Latinoamérica o Europa del Este a la espera de poder convalidar su título y paliar la falta de profesionales en las áreas rurales. Su capacidad para cubrir plazas vacantes y fortalecer la sanidad pública gallega depende, en gran medida, de que un sistema en Madrid funcione.
No son solo sanitarios. La Federación Galega de Mullereres Rurais ha alertado en repetidas ocasiones de la dificultad de incorporar a ingenieras agrónomas, veterinarias o docentes extranjeras que quieren establecerse en el campo gallego. Esta paralización no solo frena sus aspiraciones individuales, sino que ralentiza el necesario rejuvenecimiento y la innovación en sectores estratégicos para la economía gallega.
Detrás de cada expediente bloqueado hay una historia de esfuerzo y frustración. Hablamos de personas que han dedicado años a formarse como médicos, docentes, psicólogos o trabajadores sociales en sus países de origen. Muchas de ellas ya están en Galicia, trabajando en condiciones de notable precariedad e inseguridad jurídica en sectores como la atención a dependientes o la hostelería, lejos de su verdadera cualificación.