Ofensiva del PP con el ‘tasazo’ de la basura para blindarse de las críticas de su electorado rural
martes, 4 de noviembre de 2025, 19:35
La iniciativa, promovida por Dolores Hermelo, pretende exigir modificaciones en la ley estatal de residuos de 2022, que impone a los municipios una tasa equivalente al coste total de recogida y tratamiento de los residuos. Hermelo presentó la propuesta como una defensa del rural gallego frente a una legislación que, en su opinión, “ha sido pensada para las grandes urbes” y “castiga la dispersión poblacional de Galicia”.
El discurso popular insiste en que la norma “no reconoce la singularidad de la comunidad”, donde el número de núcleos habitados supera los 30.000 y donde los costes del servicio son mucho más altos. Con este argumento, el PP busca alinearse con los ayuntamientos pequeños, asociaciones vecinales y mancomunidades rurales que ven en la suba de la tasa de la basura una carga difícil de asumir.
Desde un punto de vista político, la campaña contra el “tasazo” permite al PP gallego reforzar su relato de enfrentamiento con Madrid, presentando al Ejecutivo de Pedro Sánchez como responsable de las obligaciones fiscales que, a través del recibo de la basura actualizado, recaen sobre los ciudadanos gallegos. Esta narrativa además encaja con la estrategia más amplia del partido, que intenta defender la autonomía de la Xunta frente a decisiones estatales que percibe como intervencionistas.
La oposición denuncia uso partidista y “negacionismo climático”
El BNG y el PSdeG reaccionaron con dureza, denunciando que la iniciativa no busca una defensa institucional de Galicia, sino una maniobra de confrontación política. Luís Bará (BNG) acusó a los populares de “pretender malversar fondos públicos” financiando una campaña “partidista” con dinero de todos. En su interpretación, el PP utiliza la polémica del tasazo como herramienta de desgaste contra el Gobierno central, asumiendo el riesgo de desviar recursos públicos con fines propagandísticos.
Bará defendió además que la ley estatal responde a una directiva europea que penaliza las políticas de incineración y promueve un modelo más sostenible. A su juicio, el PP gallego “abraza el negacionismo climático” y “abandona los objetivos medioambientales europeos” para proteger intereses vinculados a Sogama, empresa pública en la que la Xunta concentra gran parte de la gestión de los residuos urbanos.
Desde el PSdeG, Paloma Castro fue incluso más directa: acusó al PP de “negar la evidencia científica y tergiversar la legislación europea” para justificar un relato político interno. Además, recordó que el PP en el Congreso ni votó en contra ni presentó enmiendas a la ley, lo que —según la socialista— demuestra que las críticas en Galicia responden a una estrategia de diferenciación territorial más que a una convicción ideológica real. Castro ironizó preguntando “si el PP gallego está en contra del PP nacional”, para subrayar las contradicciones del discurso.
Relectura política del movimiento popular
El debate sobre el tasazo, aunque se justifica en términos técnicos, tiene una clara lectura política en clave autonómica y electoral. El PP busca aparecer como defensor del contribuyente gallego, responsabilizando a Madrid de los nuevos costes municipales, una estrategia que pretende movilizar al electorado rural, tradicionalmente fiel pero potencialmente afectado por el incremento de tasas. En paralelo, la confrontación con el Estado le permite al presidente Alfonso Rueda y a su grupo parlamentario revalidar su perfil institucional frente a Sánchez, especialmente en un ciclo político marcado por conflictos competenciales y por la negociación de financiación autonómica.
En cambio, el BNG y el PSdeG tratan de desmontar esa narrativa, insistiendo en que se trata de una obligación europea y de una ley aprobada con el consenso del PP europeo. Su denuncia pretende situar al PP gallego como una anomalía política dentro de su propio partido, que recurre al discurso victimista para evitar asumir responsabilidades sobre las tasas aplicadas por Sogama y la propia Xunta.
La propuesta aprobada no tiene carácter vinculante, pero marca la posición política del PP gallego frente a una ley que, en palabras de Hermelo, “impone tasas injustas y desproporcionadas” en comunidades rurales como Galicia. Los populares sostienen que no se trata de eludir la normativa europea, sino de defender un modelo de gestión adaptado a las peculiaridades territoriales. En cambio, la oposición considera que el partido de Rueda intenta aumentar la presión sobre el Gobierno de Sánchez en plena escalada de tensiones institucionales entre ambos ejecutivos.
En los próximos meses, la Xunta deberá decidir si emprende esa campaña informativa reclamada por su grupo parlamentario. De hacerlo, deberá aclarar si los recursos públicos destinados a ella se justificarán como información institucional —lo que le evitaría incurrir en irregularidades— o si se trataría de una acción política con fines partidistas, como denuncian nacionalistas y socialistas.