El documento detalla que los gallegos han vuelto a situar la sanidad como el ámbito que genera más insatisfacción, concentrando el 26,4% de los asuntos abordados (4.155 en total). Entre las principales quejas se repiten las largas esperas para acceder a consultas y pruebas diagnósticas, así como la escasez de médicos de familia y de pediatras en buena parte del territorio autonómico. Este patrón refuerza una tendencia ya observada en ejercicios anteriores, en un contexto en el que el sistema sanitario gallego ha estado bajo constante presión por la falta de personal y los desafíos en la atención primaria.

 

Tras la sanidad, las áreas más señaladas por la ciudadanía fueron Inclusión Social, con 530 asuntos (12,87%), y Educación, con 299 (7,2%). También destacan las reclamaciones vinculadas con las corporaciones locales y los servicios municipales, que sumaron 294 (7,08%), y las referidas al empleo público, con 292 (7,03%).

 

Estas cifras muestran un abanico diverso de problemáticas que afectan tanto a la gestión autonómica como a la local, desde la atención a personas en situación de vulnerabilidad hasta la calidad de los servicios básicos en los ayuntamientos.

 

En su informe, la Valedora subraya que la mayoría de las quejas, un 65%, aluden directamente a departamentos de la Xunta de Galicia, en particular Sanidade, Política Social y Educación. El resto, un 34%, se refiere a diputaciones provinciales y ayuntamientos, cuyos servicios siguen generando descontento en buena parte de los ciudadanos.

 

A Coruña, Santiago y Vigo, los municipios más señalados

En el ámbito local, el Ayuntamiento de A Coruña fue el que más reclamaciones acumuló (63), seguido muy de cerca por Santiago de Compostela (62) y Vigo (59). Estos tres municipios concentran las principales preocupaciones sobre la eficiencia administrativa y la calidad de los servicios públicos en el entorno urbano gallego. En el caso de las diputaciones, la de A Coruña fue la más mencionada en las quejas, con 16, seguida por Pontevedra con 14, Lugo con 6 y Ourense con 5.

 

El informe vuelve a poner sobre la mesa la percepción de los gallegos de que las administraciones locales tienen margen de mejora en su respuesta a las demandas ciudadanas, especialmente en áreas como servicios sociales, urbanismo o gestión del agua y residuos. Aunque se han detectado algunos avances en digitalización y atención al ciudadano, el volumen de reclamaciones indica que los cambios no bastan aún para revertir la sensación de lentitud y falta de eficacia.

 

A pesar del incremento en el número de expedientes, Fernández Galiño destacó que esta cifra muestra la confianza de los gallegos en la institución que dirige, un órgano independiente del Parlamento encargado de defender los derechos de la ciudadanía frente a la Administración pública. Según señaló, el aumento no solo evidencia dificultades en la prestación de los servicios, sino también una mayor conciencia social sobre la posibilidad de reclamar cuando estos no funcionan adecuadamente.

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