El Supremo estudia la jubilación anticipada para policías tras denuncia del SUP
viernes, 7 de noviembre de 2025, 16:31
La batalla por una jubilación más justa para a todos los Policías Nacionales y Guardias Civiles que cotizan al
régimen de Clases Pasivas, aproximadamente unos 120.000 agentes, da un giro. El máximo tribunal del país, el Supremo ya evalúa el recurso presentado por el Sindicato Unificado de Policía en Galicia para que la profesión sea considerada de riesgo y se igualen las condiciones con otros cuerpos. Mientras la clase política guarda silencio, demandas y sentencias recientes evidencian la presión social y sindical en torno a una reforma largamente esperada.
El SUP Galicia presentó la demanda el 31 de octubre contra el Real Decreto 402/2025, que regula el procedimiento previo para establecer los supuestos en los que puede anticiparse la edad de jubilación mediante coeficientes reductores en el Régimen de Seguridad Social. La decisión del Tribunal Supremo de aceptar a trámite la causa marca un hito para los aproximadamente 120.000 agentes entre Policía Nacional y Guardia Civil que cotizan al régimen de Clases Pasivas en España, siendo miles de ellos gallegos.
La reclamación del SUP surge ante la negativa política de establecer una pasarela voluntaria entre el antiguo régimen de Clases Pasivas y el de Seguridad Social. Esto impide a los agentes nacionales y guardias civiles jubilarse bajo las mismas condiciones económicas y administrativas que la Ertzaina, Mossos d’Esquadra o las policías locales gallegas y de otras autonomías.
El SUP se apoya en una supuesta vulneración de preceptos constitucionales y legales, tanto nacionales como europeos, y solicita que el derecho a una jubilación más digna sea aplicable retroactivamente desde 2011, año en que el sistema de cotización de la Policía Nacional cambió por completo. El sindicato gallego denuncia que en la documentación administrativa no existe un análisis específico sobre la jubilación de los agentes nacionales y guardias civiles, subrayando la falta de voluntad política para legislar con equidad.
No es el único sindicato que critica esa legislación. La Confederación Intersindical Galega (CIG) critica abiertamente el Real Decreto 402/2025 por consolidar la jubilación ordinaria a los 67 años y ampliar el cálculo de años para la pensión a 29. Considera que no se ofrece una solución efectiva para quienes trabajan en condiciones penosas, peligrosas o tóxicas, y que los coeficientes reductores apenas benefician a aquellos agentes que cumplen requisitos muy restrictivos.
El SUP Galicia solicita que los responsables políticos “reflexionen” y se pongan de acuerdo para reformar la legislación, demandando una disposición adicional en el Real Decreto 402/2025 que permita jubilarse voluntariamente a los 59 años, igual que sucede en otros cuerpos autonómicos y locales. Según el sindicato, esta medida permitiría rejuvenecer las plantillas y equiparar las condiciones laborales y retributivas, un objetivo que consideran urgente y factible con voluntad política.
Por el momento, ni el Ministerio del Interior ni los principales partidos estatales han emitido comunicados públicos sobre la demanda presentada. El debate social queda marcado, así, por la acción de los sindicatos y la respuesta (hasta ahora administrativa y judicial) del Estado.
La falta de reconocimiento oficial de la jubilación anticipada y de los coeficientes reductores provoca que numerosos agentes gallegos se vean obligados a prolongar su vida laboral, incluso en situaciones de especial penosidad o peligro. Mientras tanto, sentencias recientes en Vigo y otras ciudades reconocen el derecho de policías locales y nacionales a recuperar sus puestos tras jubilaciones forzosas calificadas de injustas.