El control del dinero, la limitación de recursos o el sabotaje laboral son prácticas que muchas mujeres sufren pero que nunca se nombran como lo que son: violencia económica. Este fue el eje central de la jornada “A violencia económica”, organizada por el Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos (CDIF) del Consello da Cultura Galega (CCG), en colaboración con el Consello Galego de Relacións Laborais (CGRL). Dentro de este encuentro se pudieron escuhar las voces de juristas, académicas, sindicalistas y expertas que estudian una de las formas más invisibles (y más extendidas) de la violencia machista.
“La violencia económica es una de las formas más naturalizadas y menos reconocidas de violencia machista. Afecta a más del 90 % de las mujeres que sufren además, control psicológico”, advirtió la filósofa Carme Adán, coordinadora de la jornada y directora del CDIF. Adán recordó que esta modalidad de violencia no se limita al impago de pensiones o a la negación de recursos, sino que se expresa también en el control del patrimonio, la dependencia económica forzada o la imposibilidad de acceder o de mantenerse en el mercado laboral.
DINERO, HERRAMIENTA DE CONTROL
“La violencia machista es, ante todo, coaccionar la libertad de las mujeres, siendo el control económico una de sus herramientas más efectivas”, explicó Adán. Este tipo de violencia se ejerce de tres formas principalmente: el control directo del dinero y de los gastos domésticos, la restricción de la autonomía económica y el sabotaje laboral. Este último se produce cuando se obstaculiza que una mujer trabaje, regrese a su empleo tras un periodo de cuidados o lo mantenga en condiciones dignas.
El resultado de todo esto es que sin independencia económica “no hay libertad posible”. Aún más, la dependencia de la mujer se prolonga incluso después de la ruptura en la pareja, cuando el maltratador deja de abonar pensiones o se niega a cubrir los gastos de los hijos, provocando el empobrecimiento de la mujer.
SIN DISTINCIÓN Y LAGUNAS LEGALES
Aunque no existen estudios concluyentes sobre su distribución por estratos sociales, la violencia económica golpea con especial dureza a las mujeres con menos recursos, a las mujeres migrantes y a aquellas con discapacidad. Todas enfrentan barreras añadidas para romper la convivencia con sus maltratadores o para rehacer su vida.
Esta dimensión estructural también fue subrayada por el magistrado Fernando Lousada, del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, quien señaló que “sin independencia económica no hay igualdad real”. Lousada denunció las lagunas legislativas en torno a la violencia económica, digital y vicaria, y la escasa protección jurídica sobre el trabajo de cuidados, un terreno que sigue penalizando la igualdad efectiva.
El encuentro en el CCG dejó al descubierto la insuficiencia del marco jurídico actual. “El artículo 227 del Código Penal (referido al impago de pensiones) es la única referencia explícita a la violencia económica en España”, recordó Adán, quien lamentó que el Estado aún no haya incorporado plenamente al ordenamiento jurídico español las recomendaciones del Convenio de Estambul.
En Galicia, la Ley de 2007 ya define esta violencia como “la privación intencionada e injustificada de recursos para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus hijos e hijas”. Pero la aplicación judicial sigue siendo escasa, lo que deja a muchas víctimas sin reconocimiento ni reparación. Por todo ello, se concluyó que es necesario un cambio legislativo que reconozca la violencia económica en todos sus niveles, que la prevenga y que proteja de forma efectiva a las mujeres. Además de esto, también se considera necesario reforzar la inserción laboral y los programas de apoyo económico.
LA DESIGUALDAD PERMANENTE EN EL TRABAJO
La inspectora de trabajo Mónica González Otero citó un estudio del Banco de España en el cual se analizaron 550.000 trayectorias laborales: dos años después de la paternidad, los ingresos de los hombres aumentan un 0,15 %, mientras que los de las mujeres caen un 20 %. Una década más tarde, los hombres mantienen sus salarios estables, pero las mujeres acumulan una pérdida del 28 %.
“El trabajo no es solo un medio de subsistencia, es una forma de cultura que nos sitúa en la sociedad”, dijo González Otero. “Cuando el empleo de las mujeres se precariza, también se precariza su ciudadanía”. En la mesa de los agentes sociales, representantes de los principales sindicatos (CIG, CCOO y UGT), coincidieron en identificar la brecha salarial y la negociación colectiva como los principales espacios donde se perpetúa la violencia económica estructural.
DISCURSOS ULTRACONSERVADORES
Más allá de los datos, Carme Adán alertó sobre un fenómeno cultural inquietante como es el resurgimiento de discursos conservadores que promueven la “vuelta al hogar”, vistiéndolo como un modelo de vida ideal. La estrategia es presentar el trabajo doméstico como una elección libre, pero en el fondo “se busca mantener a las mujeres cautivas dentro de un sistema que se beneficia de su trabajo no remunerado”.
Frente a esos mensajes se insiste en la necesidad de educar en autonomía monetaria desde edades tempranas. Así, las jóvenes deben saber que la independencia económica es una condición para la libertad, no una opción. Sin recursos propios, no hay posibilidad de decidir libremente.
El consenso entre las y los participantes fue claro, la violencia económica no es un problema privado ni doméstico, sino una expresión estructural del patriarcado y del modelo económico actual. Combatirla, afirmaron, exige reformas legales, educación feminista, valorización del trabajo de cuidados y campañas públicas que visibilicen sus múltiples formas.