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El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha mantenido este lunes en Pontevedra una reunión con alcaldes y técnicos municipales para informar del cambio normativo previsto en la Ley de acompañamiento de los Presupuestos con el que se pretende "agilizar trámites y garantizar una protección más eficaz del patrimonio cultural" cediendo algunas competencias a los ayuntamientos.

Este encuentro, celebrado en la Delegación territorial de la Xunta en Pontevedra, cierra la ronda de reuniones en las cuatro provincias gallegas.

Según ha detallado el conselleiro, esta modificación responde a la singularidad de Galicia como territorio con un número excepcional de bienes patrimoniales declarados (más de 80.000), lo que genera una gran carga administrativa y burocrática en la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, que ha dificultado la protección real de algunos bienes.

Y es que, Patrimonio gestiona cada año más de 30.000 expedientes con un tiempo de espera aproximado de entre 6 y 12 meses, dependiendo de la provincia, la tipología o la afectación del elemento. "Somos conscientes de que estos largos tiempos de espera son un problema a la hora de llevar a cabo determinados proyectos", ha reconocido el conselleiro.

Ahora, la Xunta pretende flexibilizar criterios y ceder competencias a los gobiernos locales. "Nuestra intención es que, en vez de que la protección actúe como freno, sea herramienta para poner en valor el patrimonio", ha asegurado el conselleiro.

REPARTO DE COMPETENCIAS
La reforma supone un reparto de competencias en el que los bienes de mayor valor singular seguirán siendo gestionados directamente por la Xunta, mientras que aquellos con un menor grado de protección pasarán a competencia municipal.

Este cambio permitirá que los propios ayuntamientos puedan autorizar licencias y tomar decisiones sobre actuaciones en su patrimonio, sin tener que esperar autorización autonómica, siempre dentro del marco legal establecido.

Por ejemplo, en el caso del Camino Portugués a Santiago de Compostela, López Campos ha explicado que los ayuntamientos tendrán competencias totales sobre el "territorio histórico" y, en el caso de la propia trazado urbana del Camino, las ciudades con más de 50.000 habitantes en la provincia (Vigo y Pontevedra) podrán gestionar directamente las autorizaciones urbanísticas vinculadas a la ruta jacobea.

Esto, ha explicado la Xunta, reducirá los retrasos en la tramitación y facilitará la puesta en valor de los bienes, al tiempo que pretender poner fin a percepciones negativas sobre el patrimonio.

López Campos ha concluido con la reforma impulsan "la colaboración con los ayuntamientos, se desburocratiza la protección patrimonial y se garantiza una mayor eficiencia en la conservación y promoción del legado cultural y del Camino de Santiago".

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