Movemento Vecinal de Touro denuncia que el Ayuntamiento (PP) planea obras de agua "calcadas" a las necesidades de la mina
miércoles, 12 de noviembre de 2025, 09:57
La tensión en torno a la gestión del agua en Touro y el controvertido proyecto de reapertura de la mina de cobre continúa. El Movemento Veciñal de Touro ha denunciado públicamente lo que considera una maniobra "sospechosa" por parte del gobierno local, formado por el Partido Popular y el concejal no adscrito Dario Rey.
Según la plataforma, el ejecutivo pretende aprobar en el Pleno de este jueves, 13 de noviembre, un proyecto de mejora del abastecimiento de agua que, en lugar de solucionar las carencias actuales de la red, estaría diseñado para satisfacer las "hipotéticas necesidades futuras" de la mina de Cobre San Rafael.
El colectivo vecinal, aunque reconoce que la necesidad de actuar sobre la red de abastecimiento es real y conocida por todos los grupos—especialmente por los recurrentes problemas de servicio cada verano—, advierte que el proyecto presentado por el Concello es una "copia" de la memoria de necesidades solicitada por la propia Cobre San Rafael. La denuncia se basa en la supuesta coincidencia literal de las tablas de necesidades incluidas en el proyecto municipal con las que figuran en los planes de Cobre San Rafael remitidos a la Xunta, en el Anexo 22 del Proyecto de Explotación de la mina, dedicado a las medidas compensatorias.
Los vecinos afirman que estas actuaciones, que incluyen la mejora del bombeo y las conducciones a los depósitos, no se justifican para dar servicio a la población actual, sino para abastecer a núcleos que hoy no están conectados a la red municipal. Precisamente, según la plataforma, estas son las aldeas cuyos manantiales se verían afectados o eliminados por la hipotética apertura de la mina. El movimiento acusa al gobierno local de intentar "facilitar la tramitación del Proyecto Mineiro" utilizando "dinero de los vecinos de Touro" para ejecutar obras que, de aprobarse la mina, deberían ser asumidas íntegramente por la empresa como parte de las medidas compensatorias por los impactos generados.
La plataforma vecinal asegura que el proyecto municipal es "tan descarado" que incluso "recoge como necesidad el caudal de consumo de la propia mina", citando la página 5 del documento que se llevará a Pleno. Advierten de que, de aprobarse, el Concello estaría adelantando y asumiendo los costes de mitigación de la minera antes siquiera de que el proyecto de explotación tenga luz verde, algo que califican como una "Cacicada Maior". El Pleno, que se celebrará a las 21:00 horas, incluirá también otros puntos polémicos, como el levantamiento de reparos para pagar facturas de cisternas de agua en las que se habrían omitido los trámites de fiscalización.
El polémico proyecto minero, en fase de evaluación
Esta nueva controversia se enmarca en uno de los conflictos medioambientales y sociales más relevantes de Galicia en la última década: el intento de reapertura de la mina de Touro. El proyecto, impulsado por la empresa Cobre San Rafael (filial de la multinacional Atalaya Mining), se encuentra actualmente en fase de tramitación, pendiente de la decisiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por parte de la Xunta de Galicia.
No es la primera vez que la empresa intenta reactivar la explotación; un proyecto anterior ya fue desestimado en 2020 por la administración gallega debido a sus carencias técnicas y a las dudas sobre su viabilidad ambiental.
El proyecto actuasigue generando un rechazo frontal por parte de un amplio espectro social, que va desde los vecinos agrupados en la Plataforma Veciñal Mina Touro O Pino Non hasta organizaciones ecologistas como ADEGA y el sector del mar de la Ría de Arousa. El principal argumento de los opositores es el riesgo extremo de contaminación hídrica. La mina se sitúa en la cabecera de la cuenca del río Ulla, una arteria fluvial vital que desemboca en la Ría de Arousa, una de las zonas de producción de marisco más importantes del mundo.
El temor se fundamenta en la herencia de la antigua explotación, que dejó enormes pasivos ambientales en forma de balsas y escombreras sin sellar adecuadamente. Los colectivos alertan de que la remoción de estos materiales y la nueva explotación a cielo abierto podrían generar la temida "drenaje ácido de mina". Este fenómeno químico se produce cuando los metales pesados (como el cobre, el zinc o el cadmio) presentes en la roca entran en contacto con el aire y el agua, oxidándose y liberando sustancias tóxicas que contaminarían de forma irreversible los afluentes del Ulla (como el Brandelos o el Lañas) y, finalmente, la ría.
Los opositores también señalan el enorme tamaño del proyecto, que abarcaría más de 680 hectáreas, y su proximidad a núcleos de población y al propio Camino de Santiago. La plataforma vecinal ha denunciado en reiteradas ocasiones lo que consideran una "amenaza existencial" no solo para el medio ambiente, sino también para el modelo económico de la zona, basado en la agricultura, la ganadería y el turismo. La cercanía a la toma de agua de la que se abastece Santiago de Compostela es otro de los puntos críticos que ha movilizado a la sociedad compostelana en contra del proyecto.
Empleo y "minería sostenible" frente al riesgo ambiental
En el otro lado de la balanza, la empresa Cobre San Rafael y, en cierta medida, la Xunta de Galicia, defienden la viabilidad y los beneficios del proyecto. El principal argumento a favor es el económico. La compañía promete la creación de cientos de puestos de trabajo directos (cifrados en torno a 400) y más de un millar indirectos durante la vida útil de la explotación, estimada en unos 15 años. Argumentan que la mina supondría un revulsivo demográfico y económico para una comarca, la de Arzúa, afectada por la despoblación y la falta de alternativas industriales.
La Xunta de Galicia, gobernada por el Partido Popular, ha mostrado históricamente una postura favorable a la minería, considerándola un sector estratégico. Aunque la decisión final depende de informes técnicos, el gobierno gallego ha defendido la necesidad de explotar materias primas estratégicas como el cobre, fundamentales para la transición energética (fabricación de vehículos eléctricos, renovables, etc.), alineándose con las directrices de la Unión Europea para reducir la dependencia de terceros países.
En el plano técnico, Cobre San Rafael insiste en que su proyecto no tiene nada que ver con la explotación que cerró en los años 80, fuente de continuos episodios de contaminación que han provocado multas. La empresa defiende un modelo de "minería sostenible" basado en la tecnología más moderna. Aseguran que su plan incluye la restauración simultánea de los terrenos, la gestión de los pasivos ambientales históricos que dejó la anterior explotación y un sistema de circuito cerrado de agua que evitaría cualquier vertido. Prometen la utilización de técnicas como el "dry stacking" (apilamiento en seco de residuos) para minimizar el riesgo de filtraciones, garantizando que no habrá afectación a las aguas del Ulla.
Una decisión pendiente en un clima de desconfianza
Mientras la Xunta de Galicia deshoja la margarita y estudia la compleja documentación ambiental, la sociedad gallega permanece dividida. La batalla técnica y legal se libra en los despachos de la administración autonómica, que tiene la última palabra sobre la Declaración de Impacto Ambiental. Una aprobación sería vista por los promotores como el inicio de una nueva era industrial para la comarca, mientras que para los opositores supondría la luz verde a una "bomba ambiental" de consecuencias impredecibles.
En este contexto, la denuncia del Movemento Veciñal de Touro sobre el proyecto de abastecimiento de agua añade más leña al fuego. Para los vecinos críticos, esta actuación del gobierno local del PP es una prueba más de la "connivencia" entre el poder político local y los intereses de la empresa minera. Este jueves, el Pleno de Touro no solo votará sobre unas tuberías; votará sobre la confianza en la gestión municipal del agua, un recurso que se ha convertido en el epicentro del conflicto minero.
A la hora de redactar esta información, ni el Concello de Touro ni la empresa Cobre San Rafael han emitido valoraciones públicas sobre las acusaciones específicas vertidas por el Movemento Veciñal en relación al proyecto de abastecimiento de agua.