Seguridad privada

La negociación del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad Privada se encuentra en un punto muerto. La séptima reunión de la mesa negociadora, celebrada el pasado viernes 14 de noviembre, confirmó el rechazo frontal y unánime de todas las organizaciones sindicales (FeSMC-UGT, CCOO del Hábitat, FTSP-USO, CIG y ELA) a la última propuesta presentada por la parte empresarial, compuesta por APROSER, ASECOPS y FES.

 

Los sindicatos consideran que el documento empresarial, presentado como una reformulación de su oferta anterior, no solo es insuficiente, sino que en varios puntos clave supone un retroceso en derechos ya adquiridos. Diego Giráldez, responsable del sector en UGT, subrayó que el objetivo de la mesa debe ser "construir derechos" y mejorar las condiciones, algo que, a su juicio, no sucede con la oferta actual. Desde FTSP-USO fueron más tajantes, calificando la propuesta de "muy negativa" y "cortoplacista", centrada en la "rentabilidad inmediata" en un sector que, recordaron, tiene un déficit de más de 10.000 profesionales.

 

Una de las voces más contundentes fue la de la CIG. El sindicato nacionalista manifestó su "rechazo" total a una propuesta que "consolida la precariedad". La CIG considera que la oferta empresarial no responde a ninguna de las necesidades reales de los trabajadores y se limita a "reforzar la flexibilidad empresarial", calificando algunas de las medidas, como la relativa a los fines de semana, de "ridículas".

 

La CIG insiste en un marco gallego

La central sindical gallega aprovechó su intervención en la mesa estatal para ir un paso más allá de la negociación de los artículos. La CIG volvió a "demandar la apertura de la negociación del convenio en Galicia", insistiendo en que es en el ámbito autonómico donde se deben regular las condiciones laborales de los trabajadores gallegos del sector. Esta postura es compartida por el sindicato vasco ELA, que hizo una petición idéntica para Euskadi y Navarra. 

 

Frente a esta reclamación, la postura de la patronal es de oposición frontal. En una reciente entrevista con Escudo Digital, Manuel Alcedo Baeza, asesor legal de la Federación Empresarial Española de Seguridad (FES), defendió la negociación estatal como el "marco básico para garantizar la cohesión del mercado". Según Alcedo, fragmentar la negociación por territorios "plantea riesgos como la desigualdad salarial" y "un riesgo de descoordinación".

 

La parte empresarial defiende que su principal preocupación es la "sostenibilidad" del sector, especialmente la de las pequeñas y medianas empresas. El representante de FES calificó las peticiones sindicales de "inasumibles" y alertó de que llevarían a un "incremento de costes insostenible". En la reunión del viernes, ASECOPS insistió en esta línea, recordando que los costes salariales suponen cerca del 90% del servicio, dejando márgenes "ciertamente exiguos".

 

El recorte en bajas, línea roja para los sindicatos

Uno de los principales escollos de la negociación es el Artículo 51, referente a los complementos por Incapacidad Temporal (IT). La patronal, con APROSER a la cabeza, ha planteado la necesidad de reducir estos costes ante lo que consideran un aumento del absentismo. La respuesta sindical ha sido un "no" rotundo. UGT argumentó que las causas del absentismo son estructurales, mencionando la "falta de inversión en lo público" en materia sanitaria, la ausencia de medidas de conciliación o la falta de relevo generacional.

 

Para los sindicatos, la propuesta patronal de reducir la prestación por baja "no va a funcionar" y solo busca "reducir costes empresariales a cambio de reducir derechos" de los trabajadores enfermos. CCOO calificó la medida de "retroceso cuantitativo y cualitativo" que "incrementa la desprotección". La CIG, por su parte, denunció que se penaliza a quien sufra más de una baja al año y se "limitan los complementos", proponiendo, al contrario, una cobertura del 100% en todos los casos.

 

Otro punto de fricción es la conciliación, concretamente la libranza de fines de semana. La oferta patronal fue tachada de "aplicación tardía" y "restrictiva" (UGT) y de "petrificar" la situación actual (CCOO). Los sindicatos mantienen su exigencia de garantizar un mínimo de dos fines de semana al mes, eliminando el cómputo trimestral propuesto por las empresas.

 

Firma de seguridad privada Trablisa

 

Sin avances en conciliación ni salarios

Ligado a la conciliación, los sindicatos criticaron la falta de voluntad para extender los cuadrantes anuales al 100% de los servicios fijos y estables, una medida que consideran clave para la organización de la vida personal. Además, varias organizaciones, como UGT y CIG, denunciaron la pretensión empresarial de limitar a seis las asistencias anuales al médico especialista, una línea roja que exigen retirar.

 

En cuanto al transporte de fondos, la patronal lo señaló como un problema "crítico" debido a la reducción del uso de efectivo. UGT reconoció la existencia del problema, pero rechazó que la solución sea "reducir derechos o eliminar la capacidad de la negociación territorial". El sindicato instó a la parte empresarial a abordar una modernización global del subsector, buscando nuevos nichos de mercado y adaptándolo al impacto tecnológico.

Finalmente, el aspecto salarial sigue siendo un abismo entre las partes. La patronal aboga por "subidas escalonadas" y revisiones ligadas al IPC "con topes", según la entrevista a FES. Para los sindicatos, la subida planteada es "totalmente insuficiente". La CIG volvió a poner sobre la mesa su plataforma, que incluye una reducción de jornada a 35 horas semanales y un incremento salarial del 8% anual, muy lejos del escenario empresarial.

 

Tras constatar el bloqueo, las partes se han citado para una nueva reunión telemática el próximo 21 de noviembre. Los representantes de APROSER y ASECOPS tomaron nota de las objeciones sindicales y manifestaron su intención de "explorar perspectivas que permitan alcanzar un acuerdo", aunque siempre dentro de los "límites objetivos que impone la sostenibilidad". Galiciapress ha intentado obtener una valoración de APROSER, principal asociación patronal, sin haber recibido respuesta al cierre de esta edición.


 

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