La alerta partió de los vecinos, que escucharon un fuerte estruendo y dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia. Hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones de Bomberos de Ferrol, efectivos de la Policía Local, el arquitecto municipal Felipe Cotovad, el director general de Urbanismo Benito José Calvo y la concejala de Urbanismo Blanca García Olivares.

Una noche de susto y precauciones

Los técnicos municipales confirmaron que los forjados de la primera, segunda y tercera planta se habían desplomado debido al grave deterioro estructural y a las intensas lluvias caídas en los últimos días. Pese a la magnitud del suceso, el derrumbe se produjo íntegramente dentro de la envolvente del edificio, lo que evitó daños personales y materiales externos.

 

Como medida de seguridad, las autoridades precintaron la zona y cortaron el tráfico en la calle Sánchez Barcáiztegui, entre Sol y María, así como en el tramo de María comprendido entre Coruña y Sánchez Barcáiztegui. La Policía Local mantuvo el cierre durante la jornada del lunes mientras continuaban las labores de inspección.

 

La prioridad inmediata fue el desalojo del edificio colindante del número 152-154 de la misma calle María, ante el riesgo de nuevos desprendimientos. El Ayuntamiento ofreció alojamiento provisional a las personas afectadas que no disponían de un lugar alternativo donde pasar la noche, y no podrán regresar a sus viviendas hasta que la estructura quede asegurada.

 

Años de advertencias y expedientes

El derrumbe no sorprende a los responsables municipales, que recuerdan que el inmueble llevaba años en avanzado estado de deterioro. Según fuentes del Concello, el edificio acumulaba numerosos expedientes de disciplina urbanística desde hace más de una década. Incluso se había declarado la ejecución subsidiaria para proceder al vaciado interior por parte del Ayuntamiento, una medida excepcional que se aplica cuando la propiedad no cumple con sus obligaciones de conservación.

 

No obstante, la situación parecía haberse encauzado en los últimos meses. En abril de 2025, la propiedad del inmueble solicitó y obtuvo licencia urbanística para acometer los trabajos de vaciado y consolidación, con la intención de iniciar las obras este mismo mes de enero de 2026. Las fuentes del área de Urbanismo aseguran que existía ya un contrato con una empresa constructora para llevarlas a cabo.

 

El colapso del domingo obliga ahora a acelerar esos trabajos, que, según confía el gobierno local, podrán iniciarse de forma inmediata a cargo de los propietarios, con supervisión técnica municipal. Mientras tanto, el Concello ha comenzado labores de vaciado y consolidación preventiva para evitar nuevos desprendimientos.

 

 

Edificio colapsado parcialmente en Ferrol

El suceso saca nuevamente a la luz el problema estructural del deterioro del parque inmobiliario ferrolano, especialmente en el barrio de la Magdalena y su entorno. Gran parte del casco histórico sufre un avanzado estado de abandono y que muchos de los inmuebles están afectados por expedientes o en ruina técnica. La situación genera riesgos para los vecinos y perjuicios económicos, además de dañar la imagen urbana de la ciudad.

 

El Concello de Ferrol mantiene en marcha un plan de rehabilitación y regeneración de edificios antiguos, con ayudas específicas tanto para propietarios privados como para comunidades de vecinos, y busca impulsar la recuperación del patrimonio arquitectónico como pieza esencial del modelo urbano que defiende el actual gobierno local.

 

Por su parte, diversas asociaciones vecinales vienen reclamando desde hace años mayor agilidad administrativa y actuaciones más directas para frenar el deterioro progresivo del centro. Este nuevo colapso, aseguran, refuerza su demanda de una intervención integral y urgente sobre los inmuebles en riesgo.

 

Los servicios técnicos municipales continúan evaluando el estado de los edificios colindantes, mientras el Ayuntamiento analiza si es necesario ampliar las medidas de seguridad o adoptar nuevas resoluciones de ejecución forzosa. El objetivo, según fuentes consultadas, es garantizar la estabilidad de la zona y minimizar el impacto sobre los vecinos y la actividad comercial.

 

La propiedad, que hasta el momento no ha hecho declaraciones públicas, deberá asumir los costes derivados de la actuación urgente y coordinarse con el Concello para ejecutar las obras en los plazos más breves posibles. De no cumplirse, el Ayuntamiento podría volver a intervenir de manera subsidiaria, como ya había previsto antes del derrumbe.

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