El caso Koldo salpica al PP al ser detenido el presidente de la Diputación de Almería
martes, 18 de noviembre de 2025, 09:48
El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García Molina, ha sido detenido este martes en el marco del denominado caso Koldo. La operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil también ha afectado al vicepresidente de la Diputación, Fernando Giménez, y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez Simón, entre otros implicados.
La investigación se encuentra bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, el mismo que instruyó el caso 'Mascarillas', centrado en la contratación de suministros sanitarios durante la fase más crítica de la pandemia. Tanto Giménez como Sánchez ya estaban siendo investigados en esa causa por posibles irregularidades y sobrecostes en la adquisición de material sanitario.
Según fuentes de la investigación, la detención de García Molina y el resto de implicados se relaciona con contratos presuntamente irregulares gestionados desde la Diputación. La operación se enmarca dentro de una investigación más amplia sobre la posible existencia de 'mordidas' y corrupción en la administración provincial a la hora de comprar mascarillas por la Covid-19.
Por el momento, se desconoce si se han producido más detenciones o registros, y el juzgado continúa con la instrucción para determinar el alcance exacto de las irregularidades en los contratos y la implicación de los distintos responsables.
Una causa iniciada en 2021
El llamado caso Mascarillas en Almería mantiene conexión con la red nacional investigada en el caso Koldo por supuestas irregularidades en contratos públicos. Ya el 15 de junio de 2021, la UCO registró la Diputación de Almería y arrestó entonces a su vicepresidente tercero, Óscar Liria, por posibles pagos ilegales vinculados a adjudicaciones.
En la comisión del Congreso que analiza el caso Koldo, el expediente relacionado con la Diputación almeriense se empleó como ejemplo de presuntas “comisiones” derivadas de compras de material sanitario durante la pandemia. En junio de 2024, esa misma comisión llamó a comparecer a Javier Aureliano García, quien afirmó desconocer detalles específicos sobre la contratación de las mascarillas y sostuvo que la institución permanecía “al margen de cualquier actuación individual” que pudiera implicar falta de claridad.
Diversas informaciones apuntan a que el entonces vicepresidente, Liria, habría recibido pagos ilícitos próximos al millón de euros a raíz del contrato de suministro de mascarillas, según se expuso en la comisión parlamentaria.
Fue el primer procedimiento en España que se abrió por la comercialización de material sanitario durante la pandemia —no solo mascarillas, también monos de protección y guantes—. Aquel día también fueron detenidas otras diez personas, varias de ellas con vínculos familiares con Liria: su hermano Francisco Liria Sánchez, su primo Rodrigo Sánchez López, su tío Rodrigo Sánchez Simón (alcalde de Fines por el PP) y la cuñada de este último, Hortensia López. En el juzgado de Almería capital figuran alrededor de veinte personas investigadas.
Los agentes de la UCO pretendían revisar el expediente de adjudicación de un contrato de emergencia, cercano a los dos millones de euros, concedido a Azor Corporate Ibérica para el suministro de mascarillas.
El origen del proceso está en unas intervenciones telefónicas realizadas en una operación antidroga en Barcelona. El propietario de la empresa distribuidora del material, la citada Azor Corporate Ibérica, era ya objeto de pesquisas en ese otro procedimiento, relacionado además con tráfico de armas y blanqueo. Una de las conversaciones interceptadas condujo a la trama de la venta de productos sanitarios. Según las pesquisas, el empresario, Kilian López, mantenía amistad con Óscar Liria, quien supuestamente lo habría acercado a la administración provincial para que esta adquiriera las mascarillas, repartiéndose después las comisiones ilegales.