La nueva fiscal general del estado será Teresa Peramato
martes, 25 de noviembre de 2025, 07:39
Su nombramiento se producirá tras la dimisión del actual fiscal general, que abandona el cargo después de ser condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación y al pago de una multa de 7.200 euros, además de una indemnización de 10.000 euros a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por la filtración de su confesión de fraude fiscal.
El Ejecutivo pretende con este nombramiento ofrecer una imagen de estabilidad institucional tras una de las crisis más delicadas en la historia reciente del Ministerio Público. La ministra de Justicia ha valorado que con Peramato se garantiza tanto la continuidad en la estructura de la Fiscalía como el refuerzo de la lucha contra la violencia de género, uno de los ámbitos en los que la candidata ha desarrollado gran parte de su carrera y por el que es ampliamente reconocida dentro y fuera de la carrera fiscal.
Peramato cuenta con 35 años de ejercicio como fiscal. Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, ingresó en la carrera en 1990 y ha pasado por las Fiscalías de Tenerife, Valladolid y Barcelona antes de trasladarse a la Fiscalía Provincial de Madrid. En mayo de 2005 fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia sobre la Mujer, un paso decisivo que marcaría la orientación de su trayectoria posterior. En 2010 fue designada fiscal adscrita a la Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, y en 2018 asumió el cargo de fiscal adscrita a la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional.
En mayo de 2021 fue promovida a fiscal de Sala y nombrada fiscal contra la violencia sobre la mujer, siendo una de las principales impulsoras de la especialización judicial en esta materia en todo el territorio nacional. Desde enero de 2025 ocupa la jefatura de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, una de las áreas de mayor responsabilidad dentro del Ministerio Público.
Hasta que se formalice su toma de posesión, la responsabilidad seguirá recayendo de forma interina en María Ángeles Sánchez Conde, actual teniente fiscal del Tribunal Supremo, que ha venido asumiendo las funciones del fiscal general desde la renuncia de García Ortiz. Sánchez Conde, que también defendió la inocencia del ya exfiscal general en el proceso judicial, ha garantizado la continuidad de las actuaciones urgentes y ordinarias de la Fiscalía mientras se completa el relevo.El proceso de nombramiento seguirá los trámites reglamentarios habituales. En primer lugar, el Consejo General del Poder Judicial deberá emitir un informe preceptivo, aunque no vinculante, sobre la idoneidad de la candidata.
Posteriormente, Teresa Peramato comparecerá ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde expondrá las líneas generales de su proyecto al frente del Ministerio Público. Tras estos pasos, el Consejo de Ministros aprobará su designación definitiva mediante Real Decreto, momento en el que tomará posesión del cargo.Con este nombramiento, el Gobierno de Pedro Sánchez sumará a Peramato como su cuarta fiscal general del Estado. Desde 2018, el Ejecutivo socialista ha designado a María José Segarra, Dolores Delgado, Álvaro García Ortiz y ahora a Teresa Peramato. Además, será la cuarta mujer que ocupe este cargo en la historia democrática de España, reflejo del peso creciente de las mujeres en los puestos de alta dirección del ámbito judicial.La condena del Tribunal Supremo a García Ortiz puso fin a una de las causas más controvertidas en la relación entre el poder judicial y el Ministerio Público. El fallo consideró probado que el fiscal general vulneró el deber de reserva al autorizar la difusión de datos confidenciales de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, relacionados con una confesión de fraude fiscal. Su renuncia, según comunicó en una carta a la plantilla de la Fiscalía, obedeció al deseo de “preservar la dignidad de la institución y mantener la independencia del Ministerio Público”.La designación de Peramato busca cerrar ese episodio con un perfil técnico y alejado de la confrontación política. Su experiencia, de acuerdo con diversas fuentes jurídicas, facilitará una transición tranquila en una etapa que se prevé decisiva para la implementación de las nuevas estrategias de protección a las víctimas y la coordinación de la política criminal frente a los delitos de género. También deberá afrontar debates internos sobre la autonomía de la Fiscalía respecto al Gobierno, un asunto recurrente en la agenda judicial española