Un riesgo de 3.700 millones: El fantasma de la peste porcina, en Barcelona después de más de 31 años
domingo, 30 de noviembre de 2025, 13:00
La confirmación del brote de Peste Porcina Africana (PPA) en la provincia de Barcelona ha transformado una emergencia sanitaria en una crisis económica de alto voltaje. Por primera vez desde 1994, el sector porcino español —líder indiscutible en Europa y tercero del mundo— se enfrenta a una amenaza que podría costarle la pérdida de miles de millones de euros en exportaciones.
El epicentro en la sierra de Collserola, en el entorno de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha forzado a las autoridades a establecer un cerco que no solo inmoviliza el ganado de 39 explotaciones locales, sino que ha provocado un bloqueo automático de los mercados internacionales que no reconocen la "regionalización". El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) trabaja a contrarreloj para evitar que la situación se extienda y desbarate décadas de trabajo y de supremacía comercial.
Captura de jabalíes y despliegue institucional
El conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca, Òscar Ordeig, explica que se instalan trampas, vallas y repelentes para atrapar posibles jabalíes infectados. En entrevista afirma que «ayer no acabó de funcionar porque es un parque natural con 100 accesos principales y 400 secundarios, muy difícil de cerrar». Añade que «el parque está completamente cerrado para el ocio y se están llevando a cabo trabajos de captura».
Los Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil y los Agents Rurals refuerzan la vigilancia en un radio de seis kilómetros, que permanece «blindado». El operativo lo coordinan Agents Rurals junto con el Departament d’Agricultura y Forestal Catalana, con apoyo de la Guardia Civil. Ordeig destaca que «cualquier animal que se encuentra se debe desinfectar, hay que hacer una custodia de este animal, se debe llevar al centro de Investigación de Salud Animal y se debe hacer con unas condiciones técnicas muy avanzadas».
La intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para control cinegético está «sobre la mesa». Ordeig asegura que «hoy tenemos que ver si hay más positivos» y que, si se amplía el radio, utilizarán «los medios técnicos, económicos y efectivos que hagan falta». Sobre la Universitat Autònoma de Barcelona, confirma que no se suspenden clases y que «las actividades de los hogares, las empresas y los centros universitarios se mantienen hasta nuevo aviso».
El origen del brote sigue investigándose y Ordeig explica que, según los análisis con otros países europeos, «podremos saber cuál es el origen». Señala como hipótesis restos de comida contaminada o transporte del virus.
La parálisis cuantificada: un riesgo de 3.700 millones
La preocupación se centra en el músculo exportador del sector. España exporta anualmente cerca de 3 millones de toneladas de productos porcinos, generando una cifra total de 8.800 millones de euros. Si bien 5.100 millones de euros provienen de los socios de la Unión Europea —un mercado que, por normativa comunitaria, permanece abierto—, el riesgo se localiza en los restantes 3.700 millones de euros que se negocian con países terceros.
El primer síntoma de esta parálisis ha sido el bloqueo inmediato de más de 120 certificados sanitarios de exportación. Esta mercancía, ya preparada y lista para el envío, se encuentra inmovilizada, impactando directamente en el flujo de caja de las empresas catalanas.
La exclusión de la provincia de Barcelona
El Gobierno central ha iniciado una ofensiva diplomática para limitar el daño a la provincia de Barcelona, el foco del brote. Sin embargo, los acuerdos son dispares:
Mercados que reconocen la regionalización (20 países)
Países clave como China (el mayor comprador, con 1.100 millones de euros), Japón, México y Vietnam han ejecutado la cláusula de exclusión, vetando la entrada de todo producto porcino originario de la provincia de Barcelona. La esperanza es mantener abiertos Aragón, Lérida y el resto de las comunidades autónomas.
Mercados sin regionalización (24 países)
Casi la mitad de los socios comerciales que demandan certificados específicos de PPA no reconocen la regionalización española. Esto implica que, ante la detección del virus, estos 24 países están legalmente autorizados a cerrar sus fronteras a todo el producto porcino español, independientemente de dónde provenga. Este es el principal frente de riesgo que el ministro Luis Planas trata de contener mediante negociaciones bilaterales "país por país".
El espectro histórico: la lucha de cuarenta años
Para la industria actual, la PPA es un fantasma del pasado. Sin embargo, para los ganaderos veteranos, el brote actual trae de vuelta el recuerdo de una enfermedad que España tardó casi cuatro décadas en erradicar.
Introducción Endémica (1957)
La PPA llegó a la Península Ibérica en 1957, introducida probablemente a través de residuos de alimentos de vuelos internacionales en el aeropuerto de Lisboa (Portugal). La enfermedad se hizo endémica tanto en Portugal como en España, convirtiéndose en un problema crónico que limitó enormemente el desarrollo y la capacidad exportadora del sector porcino.
La Campaña Final de Erradicación (Años 80 y 90)
A partir de la década de 1980, y en el marco de la entrada en la Comunidad Económica Europea, España se comprometió con un ambicioso y costoso programa de erradicación total. Este programa se basó en el estricto control de movimientos, la vigilancia constante y, fundamentalmente, la política de sacrificio sanitario (stamping-out) en todas las granjas donde se detectaban focos, con compensaciones económicas a los productores.
El Coste Millonario
El esfuerzo financiero para limpiar el país fue monumental. Las estimaciones oficiales indican que solo la fase final del programa de erradicación, comprendida en los últimos cinco años (principios de los 90), supuso un gasto aproximado de 92 millones de dólares (en valores de la época) en sacrificios, compensaciones, desinfección y vigilancia. Fue una inversión necesaria para alcanzar el estatus de país libre de PPA, la única garantía para acceder a los lucrativos mercados internacionales.
El Triunfo de 1994
Finalmente, en noviembre de 1994, se notificó el último foco de la enfermedad. La Unión Europea, a través de la Decisión 94/879/CE, aprobó el programa español de vigilancia para 1995, lo que culminó con la declaración de España como país libre de PPA. Este hito abrió las puertas a la expansión global que ha convertido a España en la potencia que es hoy. La reaparición del virus en Collserola rompe ese statu quo de tres décadas y obliga al sector a demostrar que es capaz de contener la amenaza con la misma severidad que en el pasado.
Costes internos y cerco local
El impacto económico no solo se siente en los despachos de comercio exterior, sino en el día a día de las explotaciones catalanas.
Granjas Afectadas por el Aislamiento
El perímetro de seguridad de 20 kilómetros, que abarca 76 municipios e incluye áreas clave de la sierra de Collserola y municipios como Cerdanyola del Vallès, engloba a 39 explotaciones ganaderas de porcino. Aunque ninguna de estas granjas ha reportado casos, están sometidas a un aislamiento preventivo y restricciones de movimiento. Esto implica:
Gastos Operativos: Mayor coste de bioseguridad, desinfecciones reforzadas y control de acceso de vehículos y personal.
Inmovilización y Desviación: Posibles interrupciones en la cadena de suministro o la necesidad de desviar el producto hacia mercados menos rentables si las restricciones de movimiento se mantienen.
Vigilancia Activa: Los Agentes Rurales, Mossos y la policía local han desplegado un dispositivo especial para hacer cumplir la prohibición de actividades al aire libre que pudieran perturbar la zona (caza, senderismo, etc.), sumando costes de vigilancia activa y búsqueda de jabalíes.
El sector teme una presión a la baja en los precios del cerdo en vida, si la incertidumbre comercial se prolonga, afectando directamente el margen de beneficio de todos los productores, no solo los de la zona de contención.
Hoja de ruta y horizonte temporal
Basándose en la experiencia internacional, el horizonte temporal para recuperar la normalidad es largo y costoso. El ministro Planas ha citado los precedentes de Bélgica (2018) e Italia (2022), donde la erradicación tomó, incluso en focos acotados a fauna silvestre, un mínimo de doce meses.
La estrategia del Gobierno para minimizar la pérdida de cuota de mercado se basa en cuatro pilares:
Diplomacia Acelerada: Convencer a los 24 países que no regionalizan para que acepten la exclusión limitada a Barcelona, evitando el cierre total a las exportaciones españolas.
Transparencia con la UE: Máxima coordinación con Bruselas para garantizar que el mercado comunitario de 5.100 millones de euros siga fluyendo sin obstáculos.
Coordinación Sectorial y Territorial: Reuniones de urgencia con el sector productor y con todas las Comunidades Autónomas para reforzar los protocolos de bioseguridad en el resto del territorio y evitar la propagación.
Investigación del Origen: Determinar el origen del contagio (contacto transfronterizo, residuos contaminados o fauna local) es crucial para cortar la vía de transmisión y acortar el periodo de cuarentena.
La hora de la verdad
El brote de PPA en Collserola es, en esencia, la hora de la verdad para la bioseguridad española. Tras 31 años de liderazgo y crecimiento imparable, la sombra del virus no solo amenaza una facturación clave de 3.700 millones de euros, sino el prestigio ganado a base de décadas de control sanitario. La contención del foco en Barcelona es vital, pero la verdadera batalla se libra ahora en los despachos de medio mundo, donde el Gobierno lucha por evitar un cierre total de fronteras. El sector porcino, pilar de la economía catalana y española, se juega en los próximos meses no solo su presente, sino la revalidación de su estatus global.