Un poder judicial sobre el que crecen las sospechas
sábado, 13 de diciembre de 2025, 18:48
Días atrás pudimos comprobar como siguen vigentes las razones que hace algún tiempo nos llevaron a afirmar (https://gal.galiciapress.es/artículo/opinion/2025-1121/5677023-golpe-estado-judicial) que el poder judicial español, con las reiteradas decisiones controvertidas de algunos de sus magistrados más poderosos, está bajo sospecha. En este caso se trata de la sentencia que la Sala segunda del Tribunal Supremo ha dictado
(https://share.google/5MuOX3hWvKumsR3hI) en el juicio al ex-fiscal General del Estado en la que finalmente lo condenan por un delito que no cometió. Porque hay razones de sobra para pensar que Álvaro García Ortiz es inocente y que la sentencia no tiene fundamento objetivo ni legal, ya que las acusaciones que lo llevaron a juicio no quedaron suficientemente demostradas. Una sentencia que, de este modo, lesiona gravemente uno de los principios judiciales de cualquier democracia avanzada como es la presunción de inocencia -”todo el mundo es inocente mientras no se muestre el contrario”-, que parece dar la razón a un delincuente confeso, el señor Alberto González Amador, frente a Fiscalía General del Estado, que acepta como argumentos las mentiras y trolas de un profesional de las mismas, como el señor Miguel Ángel Rodríguez, frente a las manifestaciones de profesionales del periodismo con amplia y demostrada credibilidad y que finalmente llega a cuestionar uno de los principios básicos y constitucionales del periodismo como es el deber de los periodistas a no revelar las fuentes de sus noticias.
Muy, muy grave lo que ha pasado. Todo un cúmulo de irregularidades (¿cómo se puede condenar a alguien cuando, como en este caso, el propio tribunal que lo juzga reconoce que no sabe quién fue el autor de la filtración del correo del abogado que es la base de la acusación?, ¿cómo puede ser delito una nota de prensa de la Fiscalía General desmintiendo uno apresuro lanzado desde el entorno de la Presidencia de la CA de Madrid si no reveló ninguna información nueva, sí se trataba de datos que ya eran públicos?) que sumadas a actuaciones anteriores de magistrados de diferentes ámbitos del poder judicial explican que, a día de hoy, España “sufra unos bajos niveles de satisfacción judicial, en comparación con el resto de las democracias europeas”. Según el Informe anual sobre los sistemas judiciales en los Estados miembros, publicado en julio de este año (2025), por la Comisión Europea, “de los 27 países analizados, España se sitúa en el séptimo con peor percepción, solo por delante de Polonia, Croacia, Bulgaria, Eslovaquia, Grecia y Hungría”. El 52% de los españoles preguntados afirma tener una opinión bastante mala (32%) o muy mala (20%) de la justicia española. Cabe pensar que luego de esta sentencia última, la opinión negativa se haya incrementado considerablemente.
Una percepción negativa que se suma a la creciente sospecha de que en España está en marcha un golpe judicial contra lo Estado de Derecho (https://www.publico.es/opinion/columnas/golpe-judicial-derecho.html). Un golpe judicial con el que, en este caso, las derechas extremas (políticas-judiciales-mediáticas) buscan derribar al actual gobierno de progreso (PSOE/Sumar) para sustituirlo por otro (PP/Vox) que desmonte todo lo construido por aquel que está situando a España en la vanguardia de Europa tanto a nivel de crecimiento económico y de bienestar social, como de derechos y libertad democráticas. Algo reconocido y avalado por los organismos internacionales mas solventes y de mayor credibilidad.