Galicia registró en el año 2024 un total de 3.650 interrupciones voluntarias del embarazo
El pleno del Parlamento Europeo ha respaldado en Estrasburgo una petición ciudadana europea que reclama a la Comisión Europea que se destinen fondos europeos a mejorar el acceso a la interrupción del embarazo en suelo comunitario, dentro de un mecanismo voluntario que permiritía a cada Estado miembro ofrecer acceso a un aborto a cualquier persona que no tenga la posibilidad de hacerlo de manera segura y legal en su país.
Galicia registró un total de 3.650 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en 2024, de las que el 77% se realizaron en centros públicos, según se recoge en el Registro Estatal de Interrupciones Voluntarias del Embarazo, cuyos datos han sido actualizados recientemente por el Ministerio de Sanidad.
Así, las cifras señalan que el pasado año Galicia registró un total de 8,78 por cada 1.000 mujeres frente al 12,36% del conjunto del Estado. Por provincias, en A Coruña se notificaron 1.834; en Lugo, 417; en Ourense, 380; y en Pontevedra, 1.019.
En total, el Ministerio de Sanidad ha informado de que el año pasado se realizaron 106.172 abortos voluntarios en España, lo que supone un aumento ligero del 2,98 por ciento con respecto a la cifra de 2023 y refleja una tendencia ascendente desde 2020.
El texto aprobado por el Parlamento Europeo, en línea con la iniciativa popular --denominada 'Mi voz, mi elección', que ha sumado más de un millón de firmas de apoyo y ha superado los umbrales de participación en 19 Estados miembro-- ha salido adelante con 358 votos a favor, 202 en contra y 79 abstenciones.
"Esta votación es una gran victoria para las mujeres en Europa. La UE ha mostrado por fin que la salud sexual y reproductiva es un derecho humano básico. Los ciudadanos de la UE han hablado, demostrando su preocupación por las vidas, la salud y los derechos de las mujeres. Y la Eurocámara ha respondido", ha defendido tras la votación la eurodiputada sueca de los liberales europeos (Renew) y ponente de la posición del Parlamento, Abir Al-Sahlani.
En concreto, la iniciativa apoyada por el Parlamento pide a la Comisión que establezca un mecanismo voluntario abierto a los Veintisiete, que cuente además con la contribución de la Unión. El mecanismo permitiría a cada Estado miembro de la UE ofrecer acceso a la interrupción segura del embarazo --de conformidad con su legislación nacional-- para cualquier persona que no pueda ser atendida de manera "segura y legal".
La Comisión Europea ya detalló en septiembre que analizaría la petición, y tiene hasta el próximo mes de marzo para comunicar si planea adoptar alguna medida y justificar su decisión. Anteriormente, el Ejecutivo comunitario ya dejó claro que no se trata de explorar el derecho al aborto a escala de la UE --una política que es de exclusiva competencia nacional--, sino de la posibilidad de destinar fondos de la UE a los países miembro en donde el aborto sea legal.
Bruselas también aclaró que examinaba la petición dado que cumple con los requisitos establecidos por el marco de las Iniciativas Ciudadanas Europeas, incluido el recoger un millón de firmas de al menos siete Estados miembro y que se enmarca en su ámbito de competencias; pero que este paso no prejuzga la decisión posterior.
"MUCHAS MUJERES EN EUROPA NO TIENEN ACCESO AL ABORTO"
Con todo, el Parlamento ha recordado en su texto que "muchas mujeres en Europa todavía" carecen de "pleno acceso al aborto seguro y legal". También ha alertado de las "barreras legales y prácticas" que persisten en varios Estados miembros, a quienes los eurodiputados han pedido que reformen sus leyes y políticas de aborto en línea con las normas internacionales de Derechos Humanos.
Los eurodiputados también han destacado el papel de la UE en el apoyo a los esfuerzos para mejorar la salud y los derechos sexuales y reproductivos y han reclamado una acción europea "más firme" para salvaguardar "la autonomía corporal" y "el acceso universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos", incluida la información sobre planificación familiar, la anticoncepción asequible, el aborto seguro y legal y la atención sanitaria materna.
También se han mostrado preocupados por el empuje contrario a los derechos de las mujeres y la igualdad de género en Europa y en el resto del mundo, incluido "el retroceso de la salud y los derechos sexuales y reproductivos" y "los ataques contra los defensores de los derechos de las mujeres".
Por último, la Eurocámara ha condenado "los movimientos contrarios a la igualdad de género" que buscan "socavar la igualdad y los Derechos Humanos".