La asociación gallega que representa a pymes y autónomos del transporte de mercancías por carretera, Apetamcor, ha anunciado este sábado que recurrirá ante el Tribunal Supremo (TS) la decisión del Consejo de Ministros del pasado 2 de diciembre de 2025 de no admitir a su solicitud para revisar de oficio las prórrogas de la Autopista del Atlántico, la AP-9.

La decisión ha sido aprobada en la junta directiva de Apetamcor este sábado, jornada en la que han comparecido ante los medios el presidente de la entidad, Javier Adolfo González; la directora general, Natalia Blanco, así como la secretaria general Myriam Otero, junto al abogado Xoán Pérez Lema, responsable de la representación legal de la asociación en este contencioso.

Apetamcor reclama la nulidad de las prórrogas concedidas por los gobiernos de Felipe González en 1994 y de José María Aznar en 2000 al considerar que supusieron una modificación sustancial de la concesión de la autopista.

Y es que, conforme ha señalado Myriam Otero, esta infraestructura supone "un eje estratégico" para el sector del transporte e implica unos "costes muy elevados", que hacen que los transportistas opten por las vías nacionales, lo que implica "mucho más riesgo para la seguridad viaria".

En esta línea, Natalia Blanco, que ha sostenido que hay "jurisprudencia que avala la decisión tomada por la junta directiva" y ha incidido en las "importantes consecuencias económicas" que tuvieron para el sector estas dos prórrogas de la concesión. Además, ha recordado a los transportistas la necesidad de que guarden toda la documentación relativa al pago de pajes.

PROCEDIMIENTO
En su intervención, Pérez Lema ha recordado que la asociación presentó el pasado 5 de agosto su solicitud de revisión de oficio de estas prórrogas, que fue inadmitida a trámite, una decisión que este lunes recurrirán mediante la presentación de un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Supremo.

El abogado Xoán Pérez Lema ha sostenido que las prórrogas supusieron una modificación sustancial de la concesión de la autopista que supuso una ruptura de la igualdad de trato prohibida por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

"Este tipo de modificaciones sustanciales, cuando se les da muchísimo más tiempo sin sacar un recurso público, un proceso de concurrencia competitiva, supone una vulneración de la igualdad de trato y va contra los tratados constitutivos de la Unión Europea", ha señalado.

Asimismo, ha recordado que el tratado de constitución de la Unión Europea es aplicable en el Estado español desde el 1 de enero de 1986, por lo que incluye "perfectamente el tiempo de las dos prórrogas", que no estaban ni previstas ni en la ley de autopistas de 1972, que regía cuando se adjudicó la AP-9 en 1973, ni tampoco estaba prevista en "ningún tipo de normativa reglamentaria ni en la propia carta de la concesión".

Además, ha incidido en que tampoco se daba otra causa de modificación sustancial como sería un "acontecimiento imprevisible que obligase a decisiones del sector público inexcusables".

Pérez Lema también se ha referido al dictamen de la Comisión Europea del pasado mes de julio, que, según ha recordado, apremiaba al Gobierno del Estado a resolver esta situación o enfrentarse a un recurso por incumplimiento ante la TJUE, que es "lo que previsiblemente hará en los próximos meses".

Así las cosas, ha incidido en que "no se puede esperar" a esta resolución toda vez que, en su opinión, es una cuestión que ya debe apreciar el propio Consejo de Ministros y declarar la nulidad mediante el proceso de revisión de las prórrogas, como Apetamcor pidió el pasado 5 de agosto y el Gobierno rechazó este mes de diciembre.

En el recurso, además, integrarán un informe elaborado por el profesor de la Universidade de A Coruña (UDC) Carlos Aymerich en el que se señala que la resolución del Consejo de Ministros fue adoptada prescindiendo del procedimiento legalmente establecido.

Además de este procedimiento de reclamación de la nulidad de las prórrogas, Apetamcor recuerda que también está luchando por la devolución de los peajes cobrados indebidamente, especialmente en el tramo de Rande, durante las obras de ampliación de esta infraestructura.

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