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El Ayuntamiento de Ourense ha aprobado este lunes en pleno extraordinario la ordenanza reguladora de las tarifas del servicio de recogida y tratamiento de residuos --el "tarifazo de la basura" según han calificado socialistas--, gracias a la abstención del PP, y a pesar del voto en contra de BNG y PSdeG.

Una ordenanza que supone "una subida del 45%" en el pago del servicio de recogida de basuras en la ciudad, según ha trasladado la concejala socialista María Fernández, quien ha afeado que se trata de una "subida indiscriminada por capricho del alcalde", Gonzalo Pérez Jácome, por un servicio que "no mejora". "No se puede estar permanentemente poniendo excusas", ha añadido.

Asimismo, los socialistas han criticado que el regidor ourensano "siga echando la culpa" a la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados y han recalcado que las bonificaciones de la nueva ordenanza "solo benefician a nueve unidades familiares".

Una posición que ha compartido también el grupo municipal nacionalista, que ha condenado un "aumento de las tasas sin un mejor servicio". "Comenzaremos 2026 con un servicio más caro y que no será más eficiente", ha destacado la concejala del BNG Erea Blanco.

En esta línea, nacionalistas han incidido en que la nueva ordenanza "tendrá un efecto en la salud pública y medioambiente" en la ciudad, convirtiendo la basura en "un negocio cada vez más insostenible".

"Vienen aquí a decir a los vecinos que van a pagar más por el mismo servicio", ha añadido Blanco, y en relación a las alegaciones presentadas frente a dicha ordenanza, ha destacado que los vecinos "no piden nada extraordinario", sino "saber por qué se les carga más". "Esta ordenanza no resuelve el problema, lo aplaza y lo traslada a la vecinanza, y esta traslada su indefensión y falta de justicia", ha recalcado.

Por su parte, los populares han insistido en que "solo hubo seis alegaciones de particulares" y "ninguna de ningún grupo político, entidad representativa, comerciantes o empresarios" frente a dicha ordenanza, la cual, tal y como han subrayado, será "mucho más útil" para empresas y "más justa" gracias a las bonificaciones.

Asimismo, el regidor ourensano, Pérez Jácome, ha respondido a las críticas de la oposición señalando que la tasa de la basura "se corregirá en base al precio exacto al que se adjudique el contrato", que está ya en proceso de adjudicación tras casi 13 años en precario.

En esta línea, Jácome ha apuntado a la concejala socialista María Fernández y le ha recriminado por "decir que se trata de algo del gobierno municipal cuando viene de una ley estatal". "Tiene el valor de decirlo en varios plenos cuando es su partido el que lo hace, y se queda tan tranquila, me indigna", ha añadido.

OTROS ASUNTOS DEL PLENO
En otro orden de asuntos, se ha aprobado también el convenio de cooperación para la prestación al Ayuntamiento de Barbadás del servicio de saneamiento y depuración de aguas residuales entre 2025 y 2028, así como el pago de la deuda de este por la presentación del servicio durante el ejercicio anterior.

En concreto, la propuesta ha contado con el voto favorable de PP, PSdeG y DO y la abstención del BNG. Tanto populares como nacionalistas han señalado que se trata de una "propuesta adecuada", aunque "podría ser mejor", y han recalcado que el voto a favor es un "voto responsable".

Asimismo, la corporación municipal ha aprobado también, con el voto favorable de PP y DO, la abstención de PSdeG y el voto en contra de BNG, el reconocimiento de la deuda con Viaqua por la prestación del servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas residuales.

Nacionalistas y socialistas han criticado que el grupo municipal "pretenda asumir una deuda que no conoce", al no haber "informe contradictorio o auditoría" y han demandado una auditoría externa, así como que la deuda "se fiscalice de manera adecuada".

En esta línea, la socialista María Fernández ha incidido en que el gobierno municipal ha presentado un procedimiento "tarde, mal y sin fiscalizar debidamente" por parte del órgano de gestión presupuestaria y la intervención municipal. "El sentido común dice que el alcalde se busque la vida y arregle lo que estropeó, pero tenemos que velar por la ciudad", ha añadido.

Por su parte, el PP ha señalado que no votar a favor supone "advocar al Ayuntamiento a un nuevo proceso judicial que acabarían pagando los ourensanos", pero ha insistido en que el voto favorable "no significa abalar la gestión". "Este expediente es un síntoma de una enfermedad crónica en este ayuntamiento, porque la falta de planificación presupuestaria no se puede abonar con parches y facturas en el cajón", ha añadido la concejala popular Ana Méndez.

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