En total, las comunidades contarán en el nuevo modelo con cerca de 21.000 millones de euros más que en el modelo vigente

El Gobierno ha planteado su propuesta de reforma del nuevo modelo de financiación autonómica que incrementa el porcentaje de cesión a comunidades autónomas del IRPF desde el 50% al 55% y del IVA desde el 50% al 56,5%, con lo que los recursos del sistema de financiación aumentarán en aproximadamente 16.000 millones de euros para el año 2027.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado este viernes en rueda de prensa la propuesta del Gobierno para la reforma del nuevo modelo de financiación autonómica, un asunto que el Ejecutivo de Pedro Sánchez comprometió al inicio de la legislatura.

"El Ejecutivo asume su responsabilidad y entiende que no hay mejor manera de defender el Estado del Bienestar que reformulando un modelo de financiación que tiene ya 17 años", ha explicado la titular de Hacienda.

El punto de partida se basa en la idea de diseñar un sistema que incremente los recursos autonómicos para blindar el Estado del bienestar, que refuerce la autonomía y la corresponsabilidad fiscal, que garantice la solidaridad interterritorial, que respete la singularidad territorial y que sea más transparente y sencillo.

En conjunto, las comunidades autónomas contarán en el nuevo modelo con cerca de 21.000 millones de euros más que en el modelo vigente de cara al año 2027. Ese año, cuando se prevé que entre en vigor, el modelo aportará unos recursos de 224.507 millones de euros.

REFORMULA EL CÁLCULO DE POBLACIÓN AJUSTADA
Para ello, el Gobierno ha reformulado lo que se conoce como población ajustada, que determina el número de habitantes de cada comunidad, ponderando variables que influyen en el coste de prestación de los servicios y en las necesidades de financiación.

Según el Ejecutivo, el nuevo modelo reduce las diferencias de financiación por habitante ajustado entre CCAA un 50% respecto al modelo actual

La configuración de la población ajustada tiene algunas variaciones sobre la situación vigente. Así, los criterios que se tienen en cuenta son la población padrón y la población protegida --que se amplía a 20 grupos, en lugar de siete--.

También ha variado el cómputo para determinar el gasto educativo, con nuevos criterios como son el número de habitantes entre 18 y 24 años que están cursando estudios universitarios o formación profesional y el número de alumnos universitarios que se trasladan desde otras comunidades.

En el ámbito de servicios sociales, se desglosa en dos tramos, entre 65 y 79 años y, por otro lado, los mayores de 80 años. Y otra novedad que se incorpora también al modelo, con un peso del 1,5%, es el número de parados sin prestación social.

Junto a estas grandes áreas también se incluyen otros elementos que impactan en el coste de la prestación de los servicios, como son la superficie, la dispersión, la insularidad o los costes fijos (se reconoce las dificultades de algunas CCAA para alcanzar economías de escala debido a su escasa población).

CAJA COMPARTIDA PARA QUE INGRESOS DE IRPF LLEGUEN DE FORMA SIMULTÁNEA
En materia tributaria, otra novedad que se ha incorporado es que se incluyen dentro de la cesta de impuestos del sistema el impuesto de patrimonio, el impuesto sobre depósitos bancarios, el impuesto sobre actividades de juego y el impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero.

"Antes, estas figuras tributarias eran también recaudadas, eran objeto de los recursos de las comunidades autónomas, pero no se encontraban en la cesta global del sistema", ha explicado Montero.

Además, las CCAA que lo deseen podrán acogerse a un sistema de caja compartida donde los ingresos del IRPF llegarán de manera simultánea a las administraciones central y autonómica. Cada territorio comunicará su intención de participar en este sistema en la comisión mixta con el Estado por un tiempo de cinco años.

También habrá una negociación con las CCAA para que las liquidaciones se produzcan antes y se pretende desplegar un nuevo modelo de gestión en red del sistema impositivo entre la Agencia Tributaria y las haciendas autonómicas. El objetivo es que cada administración autonómica asuma más competencias en la gestión de impuestos cedidos, en coordinación con la Administración Estatal.

NIVELACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL
Se aborda la nivelación horizontal del sistema, es decir, la solidaridad interterritorial. Para ello, se nivela al 75% la distancia de cada comunidad respecto a la media de recursos por habitante ajustado, y las CCAA con una capacidad tributaria por habitante ajustado por debajo de la media recibirán recursos y las que estén por encima serán aportadoras netas.

En cuanto a la nivelación vertical, el Estado aportará en esta fase 19.000 millones de euros al sistema. Los recursos que aporte el Estado procederán, en un 5%, del rendimiento del IRPF y de transferencias adicionales. En esta fase se reduce en dos tercios la distancia de cada comunidad respecto al territorio que presenta la mayor financiación por habitante.

MECANISMO IVA PYMES Y FONDO CLIMÁTICO
Las CCAA podrán solicitar recibir una parte de la recaudación del IVA generada por las pymes en su territorio. Las CCAA que se adhieran al IVA Pymes deberán aplicarlo durante los siguientes cinco años. La adhesión es voluntaria y el hecho de que una comunidad se acoja al IVA Pymes no afecta a la financiación ni a los ingresos del resto.

Por su parte, ante los desafíos de la crisis climática, se dotará al sistema de financiación de un fondo climático de unos 1.000 millones. Dos tercios del mismo se repartirán entre las autonomías del litoral mediterráneo, mientras que el tercio restante lo recibirán el resto de comunidades. El reparto se realizará bajo el criterio de población ajustada.

STATU QUO PARA QUE NINGUNA CCAA RECIBA MENOS RECURSOS
Existirá un elemento de cierre para garantizar el statu quo, por lo que ninguna comunidad, al inicio de la aplicación del sistema, recibirá menos recursos de los que habría obtenido con el modelo anterior.

Este mecanismo se financiará con aportaciones de la Administración central, que aportará a este fin unos 400 millones que beneficiarán especialmente a Cantabria y Extremadura. El statu quo es el último elemento del modelo de financiación y que actúa como cierre.

En cualquier caso, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda ha desgranado otros aspectos de la propuesta relacionadas con la gestión tributaria y con la financiación de las competencias no homogéneas.

MECANISMO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN
El modelo propuesto establece que la financiación de las competencias no homogéneas pueda proceder de un mayor porcentaje de IVA cedido. Esa cesión adicional se fijará en el año base en función de las que tenga asignada cada comunidad autónoma.

Se trata de un mecanismo opcional. Por lo tanto, si las comunidades lo desean podrán optar por recibir como hasta ahora la financiación de las competencias no homogéneos a través de una transferencia evolucionada por el índice de los ingresos del Estado (ITE). Como sucede en el caso del IVA Pymes, nuevamente se da a la opción de elegir, lo que refuerza la autonomía de las comunidades y refleja la flexibilidad del nuevo modelo de financiación.

REFORMA DEL FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL
Al margen del sistema, el Gobierno impulsará una reforma del Fondo de Compensación Interterritorial para garantizar una aportación adicional para las CCAA en statu quo y que se sitúan por debajo de la media en la financiación por habitante.

Para ello, se habilitará un tramo específico del Fondo de Compensación Interterritorial que equivaldrá al diferencial de cada territorio respecto a la media por habitante. En total, se calcula una aportación adicional de 3.300 millones de euros.

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