La Comisión Negociadora del Convenio Estatal de Seguridad Privada celebró el pasado 7 de enero de 2026 una nueva reunión telemática en la que algunos sindicatos constataron importantes avances hacia el acuerdo, aunque el consenso sigue lejos de ser total. Las principales patronales del sector, APROSER, ASECOPS y FES, y los sindicatos FeSMC-UGT, CCOO del Hábitat y FTSP-USO, y los nacionalistas CIG y ELA, repasaron las últimas propuestas para intentar cerrar la fase final del proceso negociador.
El encuentro de miércoles se produjo tras el compromiso adquirido en diciembre, cuando la parte empresarial se comprometió a responder a las seis propuestas sindicales pendientes. Entre ellas, se incluían cuestiones clave como la subida salarial, la jubilación parcial o la entrega de cuadrantes, aspectos que afectan de manera directa a miles de trabajadores y trabajadoras del sector, especialmente en comunidades con alta presencia de personal de seguridad como Galicia.
Avances en salarios y conciliación
Las patronales confirmaron durante la sesión su aceptación de un incremento salarial del 16% entre 2027 y 2030, con subidas progresivas del 3,5% en 2027, 4% en 2028, 4% en 2029 y 4,5% en 2030. También se ha acordado mantener la cláusula de garantía salarial y precisar los descansos de los días 24 y 31 de diciembre.
UGT es una de las centrales que parece más próxima a firmar. De hecho, remitirá la propuesta para que la valore su máximo órganod federal. UGT considera que la nueva oferta de la patronal de diciembre supone un paso positivo porque consolida los logros alcanzados sin retrocesos, y destaca la introducción de mejoras como la desconexión digital, la ampliación del plus de radioscopia y una regulación más favorable sobre los cuadrantes laborales. Según el sindicato, el resultado situaría al sector con una subida superior a la media nacional de la negociación colectiva.
Por su parte, Comisiones Obreras del Hábitat también lanza señales de que la fumata blanca no está lejos. CC.OO. reconoció en la reunión, según figura en el acta a la que accedió Galiciapress, que el texto mejora lo anterior, aunque advirtió que el documento aún debe ser analizado por sus órganos internos antes de fijar una posición definitiva. Valora especialmente la respuesta empresarial sobre la jubilación parcial, al entender que introduce un modelo innovador que premia la reducción del absentismo, pero pidió tiempo para revisar su aplicación práctica.
Divisiones sindicales
La CIG, con amplia representación en Galicia, ha sido la voz más crítica junto con el otro sindicato nacionalista, los vascos de ELA. Rechaza frontalmente el nuevo convenio, calificándolo de “insuficiente, desequilibrado e inasumible”. El sindicato considera que las subidas salariales propuestas no compensan la pérdida de poder adquisitivo de la última década y denuncia que el texto mantiene “discriminaciones” en pluses como los de nocturnidad, festividad y peligrosidad.
Además, la CIG critica que el artículo relativo a cuadrantes y descansos sigue subordinado a las necesidades del servicio, lo que —en su opinión— impide una verdadera conciliación familiar y laboral. También censura que la regulación sobre jubilación parcial vincule el acceso a índices de absentismo que no dependen directamente del trabajador, transfiriendo así responsabilidades empresariales a la plantilla.
El sindicato gallego considera que el acuerdo “desaprovecha una oportunidad histórica para mejorar las condiciones económicas, laborales y sociales” y insiste en la necesidad de un convenio gallego propio que atienda las particularidades del sector en la comunidad, especialmente en materia de seguridad en entornos portuarios, vigilancia de infraestructuras industriales y prevención ante fenómenos meteorológicos adversos.
Otros sindicatos, como ELA, también mostraron su rechazo al texto por considerar que perpetúa la precariedad del sector durante otros cuatro años. Los vascos también han pedido un convenio propio. La patronal no les hizo caso desde el principio.
En cambio, FTSP-USO optó por no pronunciarse hasta revisar el redactado final del convenio, manteniendo una posición de prudencia a la espera de sus órganos internos. Es decir, solo CIG y ELA mantienen una crítica dura a la oferta empresarial.
Desde las patronales, APROSER y FES valoraron positivamente la unidad empresarial alcanzada y apelaron al consenso como vía para cerrar cuanto antes un acuerdo estatal que ofrezca estabilidad al sector, que emplea a más de 80.000 personas en todo el país, unas 8.000 de ellas en Galicia.
La próxima reunión de la comisión negociadora se fijó para el 27 de enero de 2026, también en formato telemático. Los sindicatos evaluarán entonces el texto definitivo para decidir si se firma el convenio estatal o si persisten las divisiones que amenazan con mantener bloqueada una negociación clave para miles de vigilantes gallegos.
¿Se puede aprobar el convenio sin mayoría?
En la mesa negociadora estatal del Convenio Colectivo de Seguridad Privada, que está definiendo las condiciones laborales que regirán desde 2027, los sindicatos están representados con un total de 15 asientos repartidos según su peso en la negociación: FeSMC-UGT tiene 6 representantes, CCOO del Hábitat 4, FTSP-USO 3, CIG 1 y ELA 1. Estos datos de representatividad se basan en la composición oficial de la mesa que se constituyó en septiembre de 2025, donde se reflejaron también los porcentajes de participación de cada sindicato en el bloque social.
No existe un “número de votos” rígido fijado por ley para aprobar un convenio como si fuera un parlamento, sino que el convenio se aprueba cuando las partes que lo negocian alcanzan un acuerdo y lo firman; en la práctica eso exige que los sindicatos mayoritarios den su respaldo conjunto a ese texto y que la patronal también lo apoye. Es decir, la validez de un convenio sectorial no depende de conseguir una mayoría aritmética de los representantes sindicales en la mesa, sino de alcanzar una conformidad negociada entre patronal y sindicatos firmantes antes de registrarlo oficialmente.
En definitiva, que si UGT, Comisiones y USO firman con los empresarios, por mucho que protesten CIG y ELA habrá convenio.