Fue condenado en mayo a un total de 26 años de cárcel y a la expulsión del país una vez acceda al tercer grado
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acogerá este lunes la vista de apelación contra el veredicto de un jurado popular que condenó a 26 años de prisión a JUVS, un hombre de origen colombiano por el asesinato de Cristina Cabo en 2022, una mujer de 42 años que regentaba una tienda de productos ecológicos en el barrio de A Milagrosa.
Para el jurado, quedó probado durante los tres días de proceso, que tuvo lugar el pasado mes de mayo, que hubo alevosía y ensañamiento en el ataque a la mujer, que murió desangrada después de que le infligiera 49 heridas con un cuchillo en su propia casa, adonde habían acudido juntos para mantener relaciones sexuales después de conocerse en un pub del centro histórico de la ciudad.
También fue considerado culpable de robo, ya que al hombre se le encontró en poder de una bicicleta y un ordenador de la víctima, que se llevó cuando se marchó de la casa, donde la dejó herida de gravedad.
Durante el juicio, no se debatió la autoría de los hechos, ya que JUVS confesó ser el responsable de la muerte ya durante la investigación policial posterior, que se inició una vez la hermana del hombre, que llevaba dos meses en España, lo denunciara ante las autoridades. Lo que se juzgó en su momento fue si se trataba de un asesinato o un homicidio.
La defensa, de la que se encargó la letrada Pilar Baños, solicitó durante el juicio que la pena no subiera de los 22 años, alegando las atenuantes de legítima defensa y trastorno mental transitorio debido al elevado consumo de drogas y alcohol del autor confeso durante aquella noche.
También alegó durante el juicio el atenuante de confesión, ya que después de ser detenido fue colaborador con la investigación, pero eso tampoco fue reconocido por el jurado popular.
Son las mismas claves que el condenado presentó en su recurso de apelación, que podría reducir su pena hasta los 22 años desde los 26 a los que fue condenado en sentencia de la Audiencia Provincial en función del veredicto del jurado.
La sentencia recogía la pena de 22 años de cárcel por el asesinato y la de cuatro años por el robo; además, el procesado será expulsado del país una vez que acceda al tercer grado o a la libertad condicional sin que pueda regresar en el plazo de 10 años.