Lo que hace apenas unos meses era definido por el Partido Popular como una "oportunidad histórica" , se ha transformado hoy en una fuente de "inquietud" y críticas hacia el Gobierno central.
El Partido Popular ha pasado de liderar la presión para que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur se firmase cuanto antes a situarse detrás de la pancarta de los ganaderos, cuestionando un tratado que sus propios representantes han blindado con votos a favor en Bruselas, Madrid y Santiago. Este cambio de postura, condicionado por la presión social en las zonas rurales y el avance de las tesis proteccionistas al rebufo de la era Trump, sitúa al Ejecutivo de Alfonso Rueda en una posición delicada frente a un sector primario que no es tonto, tiene memoria y exige coherencia y garantías reales.
El historial de apoyo del Partido Popular al acuerdo con el bloque sudamericano no es precisamente discreto ni reciente. Ya en el año 2018, el PP estatal promovió una moción en el Senado para instar al Gobierno de España a concluir las negociaciones, defendiendo con vehemencia que la reducción de aranceles abriría puertas fundamentales para las empresas españolas. En aquel momento, los populares no dudaban en calificar el pacto como una herramienta indispensable para la liberalización comercial y la competitividad internacional, sin que las advertencias que hoy lanzan sobre la competencia desleal aparecieran por ningún lugar.
Este entusiasmo fue enarbolado personalmente por el propio Alberto Núñez Feijóo. En una visita noviembre de 2022, el líder del PP insistía en que España debía ser el "puente" definitivo entre Europa y el Mercosur. Es más, fijaba la ratificación del tratado -del que ahora reniega en gran medida- como una de las “prioridades de la política exterior española” en cuanto llegase a Moncloa. Para Feijóo, profundizar en las relaciones económicas con países como Argentina, Brasil o Uruguay era un objetivo estratégico irrenunciable que debía materializarse bajo cualquier circunstancia.
Estas declaraciones las hizo durante una visita a Montevideo. Uruguay es uno de los países con mayor producción de carne de vacuno. Muchos de los ganaderos gallegos que estos días colapsan ciudades y cortan autovías son, precisamente, productores de ternera gallega que temen que los precios se desplomen ante la probable avalancha de carne sudamericana.
A Montevideo también viajó Alfonso Rueda y no hace tanto. En marzo de 2025 el presidente de la Xunta apremiaba a las autoridades uruguayas y europeas para que el acuerdo se materializase "por fin" y que Galicia pudiese aprovechar las “oportunidades” en “un momento especialmente interesante y oportuno”. Su análisis se centró exclusivamente en los beneficios para la exportación y dejando en un segundo plano los posibles riesgos para las explotaciones cárnicas gallegas, que ahora centran su preocupación actual.
El apoyo a Mercosur por parte del PPdeG no se ciño a meras declaraciones formales. En febrero de 2025, el BNG presentó una moción en el Parlamento para rechazar el acuerdo de la UE con el Mercosur por sus efectos potencialmente devastadores en el sector agroganadero de la comunidad. En aquella ocasión, el Partido Popular de Galicia sumó sus votos a los del PSdeG, votó en contra de la iniciativa nacionalista crítica con Mercosur, impidiendo que la Cámara gallega se posicionase oficialmente contra el tratado.
En ese debate el popular Miguel Ángel Viso aplaudía Mercosur porque permite "liberalizar el mercado y favorecer el comercio multisectorial" aunque ya reconocía que había preocupación entre los productores. Viso prometió que la Xunta pondría “medidas de control estrictas”, lo que suponía un evidente brindis al sol, por no está en la mano de Galicia ni de España imponer limitaciones a un tratado de libre comercio firmado por la Unión Europea. Por entonces el PP de Galicia se alineaba con sus socios europeos, con una voluntad clara de no poner palos en las ruedas a una negociación que el Grupo Popular Europeo impulsaba Bruselas.
Giro tras las tractoradas y el apoyo de BNG, Vox y DO a los ganaderos
La postura pública del PPdeG ha cambiado paulatinamente a medida que el tratado se acercaba a su aprobación final en el Consejo de la UE el 9 de enero. Ante el estallido de las protestas agrarias y la evidencia de que las normativas ambientales y sanitarias europeas son mucho más estrictas que las de los países del Mercosur, el PP ha activado lo que parece ser una burda maniobra de manipulación.
Ahora, figuras como el propio Rueda o la eurodiputada Carmen Crespo exigen "cláusulas espejo" y salvaguardas que antes no parecían urgentes, sumándose a las críticas por la competencia desleal que esgrimen los ganaderos gallegos ante la entrada de carne sudamericana, producida con menores costes y menores controles.
Ayer el presidente de la Xunta que el Gobierno gallego exigirá que se garantice que la firma del acuerdo y la llegada de productos de otros países "no se puede hacer sin salvaguardar" que tienen que "cumplir las mismas condiciones" que los productos gallegos. Lógicamente, si realmente se deseaban tales salvaguardas -también conocida como cláusulas espejo- debería haberse negociado antes con Mercosur, de poco vale reclamarlas ahora cuando el tratado ha sido ratificado por la UE y no hay margen para modificaciones, como mucho para rechazarlo en su totalidad.
El problema para el Partido Popular es que su propio grupo en el Parlamento Europeo, liderado por eurodiputados como Francisco Millán Mon o Gabriel Mato, ha seguido trabajando hasta el último minuto para que el acuerdo fuera "equilibrado y creíble".
La presión de la oposición y el espejo de las cláusulas
Esta metamorfosis no ha pasado desapercibida para el resto de fuerzas políticas, que acusan al PP de jugar a dos bandas. El BNG, que ha mantenido una postura de rechazo frontal desde el principio, señala directamente a la Xunta por su "doble discurso".
Para Ana Pontón y los suyos, el PP tiene una responsabilidad directa en lo que está ocurriendo, ya que gobierna tanto en Galicia como en las instituciones europeas a través del PPE. Los nacionalistas denuncian que los populares prefieren defender los intereses de las grandes corporaciones exportadoras en Bruselas mientras intentan calmar los ánimos de los ganaderos en las ferias locales con promesas vacías. La eurodiputada del Bloque Ana Miranda ha estado al pie del cañón, criticando su aprobación "por la puerta de atrás" y apoyando a los ganaderos en sus tractoradas por el centro de Ourense, que ya se han extendido a Lugo y que amenazan con llegar a otras urbas.
Por su parte, el PSOE y el PSdeG mantienen un perfil bajo. El Gobierno central defiende el acuerdo como una pieza clave de la geopolítica europea frente al avance de China en América Latina, aunque insisten en que se han incluido salvaguardas ambientales sin precedentes. Por ahora, las subdelegaciones del Gobierno, en manos socialistas, han dado manga ancha a las tractoradas, en un intento de que el conflicto no se encone.
Sumar mantiene un tono mucho más crítico dentro de la coalición de Gobierno, advirtiendo de que el tratado podría socavar los objetivos del Pacto Verde Europeo.
Mientras tanto, desde la derecha, Vox ha aprovechado la ambigüedad del PP para hablar de una "traición al campo español", acusando a los populares de plegarse a los intereses de la Agenda 2030 y de Bruselas en detrimento de la soberanía alimentaria. “Estamos totalmente del lado de los ganaderos y animamos a que sigan en sus protestas” declaró a Galiciapress el portavoz nacional de Agricultura de los ultranacionalistas españoles, opuestos a Mercosur desde el principio .
A medida que el tratado entre en su fase de implementación, la presión de las tractoradas sobre el gobierno autonómico de Rueda, sobre el estatal de Pedro Sánchez y sobre Feijóo aumentará. En el plano político y parlamentario, seguro que partidos como BNG y Vox tratarán de hurgar en la herida.
Oportunidades tienen, porque el tratado ha sido ratificado ya por el Consejo Europeo pero ahora le toca a España.
El Gobierno (PSOE + Sumar) debe solicitar la autorización a las Cortes Generales para proceder a la ratificación. En el Congreso el PP puede ser más ambivalente pero en el Senado no. Los conservadores tienen ahí mayoría absoluta y, por lo tanto, deberán retratarse.
El tratado de Mercosur también debe ser ratificado por el Parlamento Europeo, donde los grupos en los que están integrados PSOE y PP suman mayoría.