La Plataforma Polo Dereito á Vivenda ha calificado de "cobardes y favorables a la especulación" las medidas anunciadas por el Gobierno para el mercado del alquiler y ha advertido de que los incentivos fiscales a los propietarios no resolverán la "grave crisis" de acceso que sufre la mayoría de la población.

En un comunicado, la plataforma señala que más de 1,5 millones de hogares viven a día de hoy en el Estado español con la incertidumbre de no saber si podrán continuar en su vivienda cuando les toque renovar el contrato.

La entidad sostiene que esta situación está directamente provocada por la especulación inmobiliaria, que en los últimos años se intensificó con la entrada de fondos buitre, grandes tenedores, investigadores y plataformas turística en el mercado de alquiler.

En este contexto, asegura que "premiar fiscalmente" a los propietarios para que no suban los precios es un "insulto social". "La solución no pasa por crear paraísos fiscales para quien vive de rentas, sino poner límites reales a la especulación con un bien de primera necesidad", ha indicado.

Así las cosas, considera que el Gobierno debería aplicar medidas fiscales y legales que penalicen la especulación e incrementar de forma decidida el parque público de vivienda, tanto en alquiler social como en venta.

"Existen recursos de sobra: más de 60.000 millones de euros del rescate bancario no fueron recuperados y la Sareb posee millares de viviendas vacías que podrían incorporarse a ese parque público", apunta.

En relación al alquiler por temporada y por habitaciones, la plataforma asegura que resulta especialmente grave que el Gobierno no anuncie ninguna medida efectiva contra las Vivendas de Uso Turístico (VUT), a las que se refiere como "una de las principales causas de la reducción de la oferta de vivienda para vivir y del aumento de los precios".

"No puede haber VUT en territorios con problema de acceso a la vivienda, como ocurre en la mayoría de las ciudades y pueblos de país, y reclamamos su limitación, una mayor carga fiscal y el cierre de las ilegales, que son la mayoría en Galicia", ha indicado.

Polo Dereito á Vivenda ha puesto en valor el anuncio de 10.700 viviendas públicas en Madrid pero ha denunciado que no exista un compromiso similar para Galicia.

Así las cosas, la entidad anima a la ciudadanía a organizar y movilizarse para presionar a las administraciones estatal, autonómica y local y obligarlas a "afrontar con seriedad" una crisis social que califican de "insostenible".

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