Jueza cita como investigada a concejala de Seguridad de Vigo por el accidente del 'Saltamontes'
jueves, 22 de enero de 2026, 17:37
El Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo ha llamado a declarar como investigada a la concejal de Seguridad, Patricia Rodríguez Calviño, en la investigación abierta por el accidente mortal del 'Saltamontes', ocurrido en agosto de 2024 durante las fiestas de la parroquia de Matamá. Junto a la edil, también han sido citados Antonio V.M., jefe del área municipal de Seguridad, y el perito Antonio L.A., responsable de la inspección anual de la atracción. Los tres deberán comparecer el próximo 3 de febrero.
Hasta ahora figuraban como investigados el propietario del tiovivo, G.M.M.D.S., y el presidente de la comisión de fiestas, C.G.M., además de la propia comisión. El proceso judicial se amplía ahora a la posible responsabilidad del Ayuntamiento y de los técnicos que intervinieron en la supervisión del montaje. El dueño de la atracción, que compareció en abril de 2025, se acogió a su derecho a no declarar, mientras que el responsable de la comisión defendió su inocencia y pidió el archivo de las actuaciones en su contra.
Durante los últimos meses, la magistrada ha solicitado abundante documentación al Concello de Vigo, entre ella los informes municipales sobre la falta de autorización del 'Saltamontes' y la ausencia de un plan de inspección de atracciones en fiestas populares. La jueza también ha preguntado si la Policía Local llegó a recibir órdenes para precintar la atracción, dado que carecía de permiso para funcionar.
El suceso tuvo lugar de madrugada el 3 de agosto de 2024, cuando uno de los brazos del 'Saltamontes' se fracturó y provocó la caída de un joven de 36 años, Iván C.H., que falleció poco después a causa de las graves lesiones sufridas.
Tres días más tarde, el gobierno local confirmó públicamente que la atracción no contaba con autorización municipal por falta de documentación. Desde Praza do Rei se aseguró entonces que tanto el propietario como la comisión de fiestas habían sido informados de esa prohibición. Sin embargo, el siniestro se produjo igualmente después de que la atracción fuera montada y puesta en funcionamiento en el recinto festivo.
Críticas políticas y debate sobre la responsabilidad
El Ayuntamiento defendió que la Policía Local había inspeccionado la zona el día previo y no había detectado “actividad” de la atracción. Sin embargo, tanto el Partido Popular como el BNG reprocharon al gobierno municipal falta de control y transparencia. Ambas formaciones pidieron explicaciones a la concejal de Seguridad y cuestionaron que el 'Saltamontes' no hubiera sido precintado si no contaba con permiso.
El PP denunció además que la misma atracción se había instalado días antes en la parroquia de Beade, también sin autorización, y pidió en el pleno municipal la creación de una comisión de investigación. La propuesta, apoyada únicamente por el BNG, fue rechazada por la mayoría socialista, que apeló a la necesidad de respetar el curso de la investigación judicial en marcha.
Desde entonces, colectivos vecinales y asociaciones de feriantes han exigido una regulación más estricta de las atracciones itinerantes y una mayor coordinación entre Concello, comisiones de fiestas y empresas operadoras. El suceso de Matamá evidenció las carencias normativas en la gestión de este tipo de eventos locales.