CC.OO. denuncia posible fraude en oposiciones a la Seguridad Social en A Coruña, que podría afectar a más entes
lunes, 26 de enero de 2026, 20:08
La sección sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha manifestado formalmente su preocupación ante las posibles irregularidades surgidas en la última convocatoria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esta oferta de empleo, que ponía en liza un total de 1.250 plazas para el Cuerpo Administrativo, se ha visto empañada por sospechas que cuestionan la integridad de las pruebas. La organización ha solicitado a los responsables de la cartera ministerial que aclaren de inmediato qué ha fallado para que se ponga en riesgo la seguridad jurídica de quienes han dedicado meses de esfuerzo a preparar estos exámenes.
El origen del malestar se encuentra en la sede de examen de A Coruña, donde se produjo una concentración de notas máximas que ha roto todos los esquemas lógicos. En un examen de ámbito nacional, resulta extremadamente inusual que una sola provincia aglutine a la gran mayoría de los mejores expedientes. Concretamente, se ha detectado que una treintena de las calificaciones más altas de todo el Estado correspondieron a opositores que realizaron la prueba en la ciudad herculina, un dato que ha encendido todas las alarmas entre los preparadores y los propios candidatos que se sienten perjudicados. Estadísticamente parece muy imporbable tal concentración de las mejores notas en la sede de un único examen. Con todo, por ahora no hay pruebas concluyentes de fraude.
El foco en la provincia de Ourense
La sospecha no solo se limita a los números generales, sino que apunta a un punto geográfico muy concreto: el municipio ourensano de Celanova. Según las investigaciones periodísticas de The Objective , existe una coincidencia asombrosa entre varios de los aprobados con plaza y esta localidad de poco más de cinco mil habitantes en el rural de Ourense. Resulta llamativo que personas con perfiles muy similares y procedentes del mismo entorno hayan logrado resultados sobresalientes no solo en esta oposición, sino también en otras convocatorias estatales de organismos como Hacienda o ADIF.
Esta supuesta red de aprobados ha generado una indignación profunda en el tejido social gallego, ya que se han identificado vínculos familiares directos, como parejas y hermanos, entre los beneficiarios de estas altísimas puntuaciones. El patrón se repite con una insistencia que desafía cualquier cálculo estadístico, especialmente cuando se observa que muchos de los implicados superan los 45 años y carecen de una formación académica superior previa que justifique tal dominio de materias técnicas tan complejas.
En un comunicado emitido esta mañana, CC.OO. ha indicado que el pasado 21 de enero tuvo constancia de que el propio Ministerio había solicitado la intervención de la Fiscalía Provincial de A Coruña. A pesar de este movimiento judicial, los representantes de los trabajadores lamentan que no se les haya facilitado información formal por los cauces legales establecidos, lo que incrementa la incertidumbre entre los miles de opositores que esperan una resolución. La falta de transparencia en la comunicación institucional es uno de los puntos que más críticas ha cosechado en esta fase del conflicto administrativo y legal.
La respuesta del Ejecutivo central
Ante la gravedad de los indicios, el departamento que dirige Elma Saiz se vio obligado a realizar un análisis interno que terminó confirmando la existencia de hechos posiblemente delictivos. Tras recabar testimonios y revisar la documentación de los cuestionarios, el Gobierno decidió elevar el caso al Ministerio Público al considerar que las irregularidades exceden el ámbito puramente administrativo. Esta decisión ha provocado que la incorporación de los nuevos funcionarios quede en suspenso, una medida de cautela que busca evitar que se consoliden nombramientos que podrían ser fruto de un fraude orquestado.
La investigación se centra ahora en determinar cómo fue la custodia y distribución de los exámenes en la sede gallega, donde los aspirantes denunciaron una preocupante falta de controles de seguridad. Según los testimonios recogidos, en las aulas de la Universidade da Coruña no se habrían utilizado inhibidores de frecuencia ni se habrían realizado comprobaciones rigurosas sobre el uso de dispositivos electrónicos. Estas carencias en la vigilancia contrastan con las estrictas medidas que se suelen aplicar en otras oposiciones de similares características, dejando una puerta abierta a posibles filtraciones del temario o ayuda externa.
Por su parte, el Ministerio del Interior también ha tenido que seguir de cerca la situación, ya que la Policía Judicial es la encargada de rastrear la trazabilidad de los exámenes desde su impresión hasta su llegada a las mesas de los candidatos. El objetivo es identificar si hubo algún punto de ruptura en la cadena de custodia que permitiera a un grupo selecto de personas conocer las preguntas de antemano. Mientras tanto, la administración se debate entre su deber de garantizar la continuidad del servicio público y la necesidad imperiosa de salvaguardar la limpieza de sus sistemas de acceso.
Los opositores gallegos, que suman cerca de cuatro mil personas solo en esta convocatoria, se encuentran en un limbo emocional y laboral mientras la Fiscalía realiza su trabajo. Muchos de ellos han invertido sus ahorros y su tiempo en una meta que ahora ven amenazada por prácticas irregulares. La demanda colectiva es clara: que se verifiquen los patrones de respuesta en los exámenes y se anulen aquellas plazas donde se demuestre que hubo trampa.