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El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha determinado que el Ayuntamiento de Poio (Pontevedra) "reanude y culmine" un proceso selectivo para cubrir una plaza de inspector de la Policía Local que el consistorio mantiene paralizado desde hace casi diez años.

Así, el TSXG ha dado razón a los servicios jurídicos de CSIF Pontevedra que, en una nota de prensa difundida este miércoles, ha valorado "muy positivamente esta resolución", que considera "reforzar la defensa de los derechos de los empleados públicos frente a la ineficiencia burocrática".

Tal y como explica la entidad sindical, dicha plaza fue incluida en la Oferta de Empleo Público de 2017 y las bases del proceso se publicaron en 2020. En mayo de 2023, se hizo pública la lista definitiva de aspirantes, con un único candidato, quedando pendiente únicamente la realización de las pruebas finales.

Sin embargo, CSIF señala que mientras el proceso permanecía sin resolverse, el ayuntamiento nombró al candidato como inspector jefe en situación de interinidad, "manteniéndolo en ese régimen de forma prolongada".

Posteriormente, incide en que una denuncia penal presentada por un tercero contra ese nombramiento llevó al consistorio a paralizar el procedimiento por motivos de seguridad jurídica, a pesar de que la denuncia no afectaba al proceso selectivo en sí.

DENUNCIA ARCHIVADA
Tal y como ha trasladado CSIF, la denuncia fue finalmente archivada por los tribunales, que confirmaron la legalidad del nombramiento, pero el Ayuntamiento "no reanudó el proceso selectivo ni fijó fecha para las pruebas pendientes".

Así las cosas, cuando el aspirante solicitó que se continuase el procedimiento, la administración local contestó alegando que "el proceso estaba caducado por el transcurso del plazo de tres años previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público".

El TSXG ha rechazado este planteamiento al considerar acreditada que "la demora del proceso fue provocada por la propia Administración, que no puede invocar una caducidad derivada de su propia inacción".

Además, la Sala también ha reprochado que el consistorio sí culminara otros procesos selectivos correspondientes a la misma OEP de 2017, mientras mantenía paralizado este "sin motivación objetiva ni técnica, incurriendo en un trato desigual y arbitrario".

Por ello, el Tribunal ha obligado al Ayuntamiento de Poio a "reanudar el proceso, fijar las pruebas pendientes y culminar la cobertura definitiva de la plaza".

Para el Tribunal, "no existe perjuicio alguno para terceros, al tratarse del único aspirante admitido, lo que permite conservar los actos administrativos ya realizados y continuar el proceso sin necesidad de reiniciarlo".

También ha señalado que "mantener durante años a un trabajador en situación de interinidad, mientras se bloquea injustificadamente el proceso destinado a cubrir la plaza de forma definitiva, supone un abuso de la temporalidad y un fraude de ley".

"INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES"
CSIF recuerda, además, que el Concello de Poio, por su población, está "legalmente obligado" a disponer de un puesto de inspector de Policía Local, por lo que "su inacción no solo perjudicaba al trabajador afectado", sino que suponía un "incumplimiento de sus obligaciones" en materia de organización y seguridad pública.

Finalmente, el sindicato ha reafirmado su compromiso de "seguir defendiendo" el derecho a procesos selectivos transparentes, ágiles y ajustados a los principios de legalidad, igualdad, mérito y estabilidad".

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